El informe, elaborado por el eurodiputado británico Graham Watson y aprobado por amplia mayoría en la comisión de Libertades y Derecho de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores del Parlamento Europeo, se centra en resaltar que el Tratado permite a la Unión Europea tomar un interés activo en los problemas de terrorismo en los Estados miembros.

Los más afectados por este problema son España, donde tres cuartas partes de los ciudadanos consideran el terrorismo como su mayor preocupación, e Irlanda.

En concreto, señala algunos cambios necesarios a nivel comunitario para luchar contra el terrorismo, como la adopción, por part del Consejo, de decisiones marco que supriman los procedimientos formales de extradición y establezcan el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, incluidas las anteriores al juicio. Piden también la puesta en marcha de una orden europea de busca y captura para los terroristas, teniendo además en cuenta la gravedad de las infracciones para permitir que un terrorista sea juzgado allí donde haya cometido el delito más grave.

El informe propone una resolución que exprese la convicción de queninguna ideología o motivo, aunque el móvil aducido sea político, puede justificar los actos terroristas en la Unión Europea, "dada la estructura democrática y constitucional de sus Estados miembros".

A los Estados miembros les pide que actúen contra el "entorno de apoyo" a los terroristas, impidiendo ayudas logísticas, materiales y financieras a actos terroristas. Además, considera que el diálogo, fundado en el respeto mutuo y la no-violencia, es el mejor medio para resolver conflictos de carácter poítico e impedir que se empleen como excusa para cometer actos terroristas.

En cuanto a la prevención del terrorismo, aconseja a los Estados miembros poner en marcha políticas educativas y sociales que ayuden a combatir la exclusión económica y cultural, y educar a los jóvenes para que renuncien a la violencia. Por otra parte, señala que para combatir esta amenaza se necesita una cooperación a todos los niveles entre gobiernos centrales y regionales. Propone también que la UE adopte sanciones diplomátias contra los Estados terceros que apoyen abierta o encubiertamente los actos o grupos terroristas.