La Eurocámara insta a las autoridades públicas a utilizar las últimas tecnologías de la información para facilitar un acceso sencillo e inmediato, y recomienda la elaboración de un listado de autoridades y registros competentes en la materia.

Según la propuesta de la Comisión, este acceso constituye un derecho de toda persona física o jurídica de la Comunidad, mientras que el Parlament aboga por extender este derecho a todas las personas, independientemente de que pertenezcan o no a la UE.

Además, una de las enmiendas aprobadas reduce el plazo en el que la autoridad pública deberá poner a disposición del solicitante la información que éste haya pedido, que será de dos semanas en lugar de un mes. Para el caso de informes complicados, el plazo será de seis semanas, en vez de dos meses.

La Eurocámara aboga por reducir las excepciones para acceder a la información, así como por qu se permitan sólo aquellas que estén claramente indicadas por la autoridad competente. En este sentido, los eurodiputados estiman que la administración pública podrá denegar el acceso para proteger la confidencialidad si está recogido por ley o busca proteger datos comerciales o industriales e intereses en las relaciones internacionales.

Asimismo, una enmienda protege la confidencialidad de los datos personales en el caso de que no se haya dado consentimiento para la publicación de la información y cundo la ley así lo exija.

El pleno apuesta por difundir, con carácter obligatorio, los tratados, convenios, acuerdos internacionales, textos legislativos, programas, políticas y autorizaciones, y estudios de impacto medioambiental. Asimismo, está a favor de fijar unas tasas "razonables", aunque considera que las solicitudes de información para fines educativos no han de gravarse.