Las dos manifestaron esta voluntad durante un diálogo #TúEresEuropa sobre discapacidad organizado por la agencia de noticias Servimedia con financiación del Parlamento Europeo, en el marco del debate que las instituciones comunitarias abrieron con la sociedad civil mediante la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE).

En el encuentro también participaron Horacio Peláez, de Plataforma de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo; Marta Valencia, presidenta de la Fundación Cermi Mujeres; y Javier Güemes, director de Relaciones Internacionales del Grupo Social ONCE.

Según Estarás, a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo llegan muchas quejas referidas a temas educativos, “pues la educación inclusiva no se está garantizando”, hay barreras arquitectónicas y comunicativas, y falta de acceso al mercado laboral, ”donde las personas con discapacidad arrastran un paro desproporcionado”.

Lo más importante “es “conseguir la verdadera igualdad y la justicia social”, para lo que reclamó “trabajar desde una perspectiva de derechos humanos”. “Si este enfoque basado en los derechos impregna todo lo que hagamos, todas las políticas que pongamos en marcha, entonces habremos conseguido el objetivo”, prosiguió, que es “abordar la discapacidad con justicia para todos”.

Entre otros retos, esto pasa por desarrollar la educación inclusiva, combatir la discriminación que sufre este colectivo, impulsar una verdadera sanidad universal con carácter holístico, promover el empleo de estas personas, favorecer su participación y promover la accesibilidad universal, indicó Estarás. La idea, explicó, es que la perspectiva de discapacidad “esté siempre presente”, “tanto si nos ocupamos del Pacto Verde" como si la materia es "la transformación digital”.

Por su parte, González destacó que con las conclusiones de la CoFoE, “los ciudadanos europeos nos están diciendo que quieren una Europa mucho más social y que ésta ha de ser mucho más inclusiva con la discapacidad”. A su vez, defendió que “la discapacidad no se puede limitar a un espacio”, sino que ha de ser “transversal”.

DERECHO AL VOTO

Por ello, puso en valor el recién aprobado cambio en la Ley Electoral Europea, que permitirá que las personas con discapacidad intelectual que habían sido incapacitadas judicialmente puedan participar en los comicios de cara a elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo.

Se trata de “una reforma de gran calado” que incluye otras muchas novedades, como las 'listas cremallera' o la circunscripción única europea para un número determinado de diputados, apuntó González.

En su opinión, supone un “gran avance" que “entre esos cambios tan importantes por fin se garantice el voto de todas las personas con discapacidad sin excepción, separándolo de su capacidad jurídica”. “Poder elegir y ser elegidas resulta fundamental para las personas con discapacidad intelectual”, declaró, tras señalar que la reforma beneficiará de forma directa a unas 400.000 personas en toda la UE.

“Ya lo hicimos en España y conseguimos beneficiar a unos 100.000 ciudadanos”, y apuntó que por eso “hemos sido tan insistentes en incluirlo en la reforma de la Ley Electoral Europea”. Gracias a ella, el próximo Parlamento Europeo que se elija en 2024 “será 400 veces mejor”, subrayó.

No obstante, admitió que estos cambios no influyen en las leyes electorales de los Estados, por lo que la inmensa mayoría de ellos seguirán limitando el voto de las personas con discapacidad.

Sin embargo, “es una muy buena noticia”, que debe ir acompañada de muchos otros logros de cara al futuro, tales como la puesta en marcha de la Tarjeta Europea de Discapacidad, que haga que “la libre circulación de estas personas sea una realidad, la aprobación de la Directiva de Igualdad de Trato y no Discriminación, la prohibición de las esterilizaciones forzadas, y la creación de una Comisión de Discapacidad en la Eurocámara, como existe en España a nivel nacional y autonómico.

Según González, es posible que esta Comisión “salga adelante en la próxima legislatura”, pues la actual “está muy avanzada”. También confió en que la presidencia española apueste por la libre circulación de personas y por la puesta en marcha de la Tarjeta Europea de Discapacidad que, en principio, debería coincidir con el mandato español.

Estarás explicó que de momento se ha desarrollado una experiencia piloto en ocho países, por lo que “creemos que su implantación empezará en dichos Estados”. “Le estamos pidiendo a la Comisión que no sea así y que empiece a la vez en todos”, aseguró, porque el no reconocimiento de la discapacidad entre Estados, como sucede en la actualidad, “impide la libre circulación de estas personas”.

Puso el ejemplo de su hijo, que tiene TEA, y explicó que si ambos quisieran irse a vivir a Bélgica tendrían que “empezar desde el principio con todo el proceso, desde la valoración misma de la discapacidad”. “Esto es un galimatías y todo un drama para las personas que necesitan apoyos y ayudas”, declaró Estarás.

Con todo, Estarás admitió que “ni siquiera dentro de los mismos países las prestaciones que reciben las personas con discapacidad son iguales”. “Hay grandes diferencias entre landers alemanes y entre nuestras comunidades autónomas”, lo que en su opinión se debe “a que la sanidad sí es un derecho público básico que el Estado garantiza, pero los servicios sociales dependen mucho de la voluntad de las comunidades”.

ACCESIBILIDAD COGNITIVA

Por otro lado, Estarás pidió “combatir de forma decidida la brecha digital”, que afecta de forma especial a las personas con discapacidad, sobre todo a las mujeres”, y avanzar en accesibilidad universal, que va mucho más allá del transporte” e impide la participación social de estas personas.

En esta línea, Horacio Peláez instó a la UE a impulsar “la adaptación de los espacios públicos como aeropuertos u hospitales” para garantizar la accesibilidad cognitiva; fomentar la lectura fácil, a fin de que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a la información; y “generalizar la figura del facilitador judicial”, porque “muchas veces los jueces y abogados utilizan palabras difíciles que no se entienden”.

Según Peláez, “le pedimos a la UE lo mismo que le pedimos a España”: que garantice la accesibilidad cognitiva. Esto pasa por generalizar la lectura fácil (técnica de redacción para hacer comprensibles los textos), y destacó que “en España vivimos 500.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, a las que a veces nos resulta muy difícil entender”.

A nivel nacional, Peláez subrayó que generalizar la lectura fácil beneficiaría a unos 9 millones de personas, incluyendo a personas mayores y a inmigrantes que empiezan a aprender el idioma.

Además, reclamó garantizar la presencia de facilitadores judiciales que apoyen a las personas con discapacidad intelectual a lo largo de todo el proceso, porque “si para la población sin discapacidad a veces es complicado entenderlo, imaginen para nosotros”.

Rosa Estarás afirmó compartir esta preocupación por la accesibilidad cognitiva y por la falta de acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual, que afecta de forma muy especial a las mujeres.

DERECHOS

Por su parte, la presidenta de la Fundación Cermi Mujeres, Marta Valencia, pidió a la Unión Europea que prohíba las esterilizaciones no consentidas de personas con discapacidad, práctica que afecta sobre todo a las mujeres y a las niñas. De momento, solo España y Suecia han prohibido de forma taxativa esta práctica en sus legislaciones.

Valencia defendió incluir la ilegalización de las esterilizaciones forzadas de personas con discapacidad en la futura Directiva Europea contra la Violencia sobre las Mujeres porque “es otro tipo específico de violencia de género”. “No debemos limitarnos a pensar que viene solo de la pareja”, argumentó.

En este sentido, Mónica Silvana González expresó el compromiso del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo de emendar la Directiva para “hacerla más exigente” e incluir en ella la prohibición y persecución de las esterilizaciones no consentidas.

EMPLEO

Asimismo, Valencia exigió medidas para fomentar el empleo de este colectivo y la elaboración y publicación de estadísticas sobre género y discapacidad a nivel europeo, ya que “lo que no se ve, no existe”.

El director de Relaciones Internacionales del Grupo Social ONCE apuntó a su vez que en todos estos años de construcción europea “el pilar social se ha ido quedando atrás”, por lo que “hace falta reforzarlo”. De cara a la CoFoE, “hemos recogido opiniones de personas ciegas de todas las comunidades autónomas”, prosiguió, y la conclusión es que “la agenda de la discapacidad va muy lenta”.

Las personas con discapacidad “quieren saber que si se van a trabajar a otro país (de la UE) podrán hacerlo, y también acceder a una educación inclusiva y con medios”, afirmó Güemes. Para lograrlo “se necesita fuerza normativa”, y apuntó que la próxima presidencia española de turno de la UE “será una oportunidad para reforzar este pilar social”.

En la misma línea, reclamó medidas encaminadas a impulsar el empleo de las personas con discapacidad, que “lleva 10 años estancado” y que “a consecuencia de la pandemia, ha retrocedido” mucho. “La UE tiene que dar un mensaje claro, con financiación suficiente y unos objetivos y criterios concretos”, concluyó.

Junto a las dos eurodiputadas, defendió por último la creación del Centro Europeo de Accesibilidad Universal previsto en la Estrategia Europea de Discapacidad 2021-2030 y que se ubique en España. Para ello, los tres solicitaron al Gobierno que aproveche la presidencia española de la UE y empuje en esta dirección.