Karamanou, que actúa como ponente de la propuesta remitida por la Comisión Europea para armonizar las sanciones aplicables en los Quince a la explotación sexual de menores y la pornografía infantil, defendió 40 enmiendas para hacer más riguroso el texto remitido por el Ejecutivo comunitario.

La propuesta de la Comisión establece que la explotación sexual de menores de 18 años será castigada con una pena de prisión no inferior a cuatro años, mientras que el castigo por posesión de pornografía infntil no será menor a un año de cárcel.

Además, la instigación y complicidad para este tipo de acciones serán igualmente punibles, y las personas jurídicas que se beneficien de la explotación sexual de menores responderán también penalmente.

La europarlamentaria Anna Karamanou ha propuesto que, en casos especiales, como aquéllos en que las víctimas sufran una discapacidad psíquica o mental, o sean incapaces de dar su consentimiento con conocimiento de causa, las penas máximas aplicables no bajen d ocho años.

Además, propone que sean considerados penalmente responsables de estos delitos los padres o tutores que los consientan a sabiendas, así como los profesores o asistentes sociales que tuvieran motivos fundados para suponer que un niño está siendo víctima de explotación sexual y no lo pongan en conocimiento de las autoridades judiciales.

No obstante, Karamanou se mostró partidaria de suavizar en un aspecto la propuesta de la Comisión, al considerar que la mera compra o posesión de pornogafía infantil no debe ser punible con carácter general. Estima, además, que la pornografía pedófila debe ser definidida con más concreción que describiéndola como "todo material pornográfico que represente de forma visual a un menor realizando un acto sexual explícito".