Las reivindicaciones se refieren al Plan de Adaptación a la Moneda Unica que próximamente presentará el Gobierno, para desarollarlo a partir de 1998, y constan de 7 puntos:

1. Que el paso a la moneda única "no suponga coste suplementario".

2. Que se garantice oferta suficiente de servicios en euro, "y ahí la Administración también se tiene que implicar".

3. Que se refuerce el principio de continuidad de los derechos y obligaciones contractuales, especialmente en los contratos de adhesión, acerca de los cuales el Reglamento 235 del Euro debería prever consentimientos expresos del consumidor para modificar cualquir aspecto de un contrato aprovechando el cambio de moneda.

SECTORES SOCIALES

4. Que el periodo de doble circulación de monedas sea corto, preferiblemente no superior a tres meses, aunque se prevean seis. "En todo el proceso deberían arbitrarse medidas para ayudar y defender al consumidor, y sobre todo los sectores socialmente peor informados y más desfavorecidos (existe un importante colectivo de personas con deficiencias visuales o sensoriales para las cuales manejarse con las nuevas monedas y billtes puede resultar más complicado)", señaló Martínez Tomey.

5. Que el proceso de adaptación al euro sea entendido como un proceso educativo y, por lo tanto, se haga énfasis en medidas de educación e información más específicas, por sectores y colectivos determinados.

6. Que se establezcan unos requisitos mínimos de doble indicación de precios, en pesetas y en euros, durante un periodo suficiente para que los consumidores tengan la posibilidad de adaptarse a las nuevas escalas de valor y entenderls, así como para que su memoria de precios se reconstruya una vez implantado definitivamente el euro.

7. Necesidad de crear unos "observatorios euro", con presencia de la Administración, el sector privado y los consumidores, para supervisar la evolución de los precios a nivel local, regional y nacional, y garantizar que el euro no va a ser una excusa para subir precios de una manera soterrada.

Por último, la OCU se muestra dispuesta a colaborar e implicarse en el proceso de implantación de la monda única "para facilitar a la Administración y a los ciudadanos una transición al euro satisfactoria".