Aunque Pisonero afirmó que la moneda europea está sieno aceptada "sin problemas", precisó que el objetivo del código es garantizar "un clima de naturalidad y confianza para usar el euro con normalidad".

Los establecimientos que acepten el código se comprometen a informar adecuadamente a sus clientes, a formar a su personal, a establecer correctamente la conversión peseta/euro y a "redondear" sobre la cifra final a cobrar (y no sobre el precio de cada uno de los productos o servicios).

Asimismo, el código establece la obligatoriedad de indicar los prcios tanto en pesetas como en euros, de devolver los cambios en la moneda europea a partir del 1 de enero del 2002, de mantener los precios (sin que se tome el euro como excusa para subirlos) y de atender personalizadamente al usuario.

Los establecimientos que voluntariamente acepten estas prácticas recibirán una "euroetiqueta" que se pondrá a la vista de sus clientes, que de esta forma tendrán conocimiento del compromiso adquirido.

En caso de que uno de estos establecimientos no cumpla adecuadamnte con sus obligaciones, el cliente puede acudir a reclamar a su ayuntamiento o a su comunidad autónoma, aunque también puede utilizar la vía de las organizaciones de consumidores.

El código será de inmediata aplicación en todas las comunidades autónomas excepto en el País Vasco y Cataluña, que redactarán los suyos propios.

Esta iniciativa responde a un acuerdo alcanzado en el seno de la Comisión Especial creada en el Observatorio Consumo-Empresa, en la que participan representantes de los consuidores, de las empresas y de las Administraciones Públicas.