A partir de ahora, los Quince (incluido Gibraltar) deberán adoptar las medidas oportunas para garantizar que ciertas prácticas sean consideradas como delits. Entre esas prácticas están las alteraciones de la moneda, la puesta en circulación de moneda falsa, su exportación e importación, así como la tenencia de instrumentos en cualquier soporte con el fin de falsificar la moneda.

Las sanciones penales deberán ser proporcionales y disuasorias, incluidas las penas privativas de libertad que puedan dar lugar a la extradición. Desde la puesta en circulación del euro, los países que hayan adoptado la moneda (los de la Zona Euro) deberán emprender acciones legles con independencia de la nacionalidad del autor del delito y del lugar en que éste se haya cometido.

Los Quince tienen hasta el 1 de enero de 2001 para adoptar las medidas que eviten los delitos relacionados con el euro antes de su puesta en circulación (fijada para el 1 de enero de 2002) y hasta el 29 de mayo de 2001, respecto a las demás disposiciones.