Según comunicaron a Servimedia fuenes del Gobierno de Aragón, que preside el socialista Marcelino Iglesias, "la introducción de la nueva moneda no puede justificar la modificación de las condiciones preexistentes en la prestación de servicios" por parte de la empresa municipal de autobuses de Zaragoza.

Estas fuentes señalaron que "resulta injustificada la negativa de la empresa a devolver cambios cuando el usuario pretenda pagar con una moneda de curso legal cuyo valor es superior al precio del autobús".

Pese a que existe una Orde Ministerial de Fomento que ampara estas medidas, que han sido adoptadas, entre otros, por el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno de Aragón considera que las competencias en materia de consumo son suyas, por lo que tratan de evitar que se "lesionen derechos básicos de los ciudadanos en un servicio en monopolio".

La pasada semana, la administración autonómica instó al Ayuntamiento de Zaragoza, que encabeza José Atarés (PP), a que desistiera de su negativa a dar las vueltas. Ante su negativa a atender ete requerimiento, se ha abierto el expediente.

Según las fuentes del Gobierno aragonés, el Ayuntamiento ha dicho que a partir de febrero podrían empezar a dar vueltas, "pero deben hacerlo inmediatamente".

Los inspectores de Consumo han constatado la escasa proporción de usuarios que pagan el billete al contado y que la mayor parte hacen el pago en euros, "lo que apenas repercutiría en el trabajo del conductor" si hiciera las devoluciones correspondientes, al tener la misma labor que cuando sólo eistía la peseta.

Estos inspectores han comprobado, además, que los puntos de venta se han visto reducidos "drásticamente", al pasar de varios centenares a sólo dos, "con los consiguientes perjuicios para los derechos de los ciudadanos".