Según fuentes de la fiscalía, este trámite constituye el paso previo para solicitar la extradición de los terroristas, entre los que figura María del Rosario Delgado, miembro del "comando itinerante", ue dirigía José Luis Urrusolo Sistiaga.

Entre las cuatro causas por las que la fiscalía espera obtener la extradición de María Rosario Delgado, destaca el asesinato en 1985 de Ricardo Tejero Magro, directivo del Banco Central, y el secuestro de Diego Prado y Colón de Carvajal en 1983.

Además, tiene pendiente un sumario de 1992, posiblemente por el asesinato del catedrático Manuel Broseta (aunque este dato no pudo ser confirmado por las mismas fuentes) y otro por delitos de estragos y asociación d malhechores.

Luis María Lizarralde es el que tiene mayor número de causas abiertas, con un total de 9 sumarios por acciones cometidas entre 1980 y 1987, seis de ellos por asesinato, uno por atentado, dos por atraco a un banco y robo de vehículo y otro por asociación de malhechores, actos cometidos entre 1980 y 1987.

La Audiencia pedirá también la extradición de Miguel Ibáñez Oteiza, por un asesinato cometido en 1989 y por un delito de robo con detención ilegal; de Amaya Arakistáin, por colaboracón con banda armada, y de Juan José Urrutia, todos ellos presuntos integrantes del "comando Eibar".

Asimismo, tramitará la entrega de Jesús María Goitia Unzurrunzaga, por delitos de homicidio, tenencia de explosivos y estragos; de Hernández Gabiola, por asociación de malhechores; y de Pedro María Gómez López, Jesús María Lariz Iriondo y Cándido Ostolaza Izaguirre por diferentes delitos de asesinato frustrado, estragos y tenencia ilícita de armas y explosivos.

Los trámites iniciados por la Audienca Nacional no afectan a José Aguerri, Juan Sarasola, Lourdes Garayalde y Francisco Javier Leguina, los otros cuatro españoles detenidos en Uruguay, que no tienen causas pendientes en España.

Las mismas fuente explicaron que las extradiciones no serán solicitadas hasta que una comisión rogatoria, formada por el juez Carlos Bueren y un fiscal de la Audiencia, viaje a Montevideo para presenciar los interrogatorios que efectúen las autoridades judiciales uruguayas.

De esta forma, la justicia españolaevitará "interferir en el procedimiento uruguayo", sin renunciar a la entrega de los terroristas, ya que el plazo para tramitar las solicitudes se extiende hasta 90 días después de la detención.

La fiscalía se muestra optimista respecto a la posible entrega de los detenidos porque, aunque el convenio de cooperación en materia judicial suscrito entre España y Uruguay data de 23 de noviembre de 1885, "su antigüedad no quiere decir que no sea aplicable".