Estos expertos indicaron que para exigir a los miembros de la banda terrorista la responsabilidad civil que tienen pendiente con sus víctimas no es necesario que cuenten con propiedades extraordinarias o con negocios, como sucede con los asesinos del marido de la concejal vasca del PP María Pilar Elías.

Según las fuentes consultadas, el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, referido al embargo de bienes y pensiones, establece que a los condenados con indemnizaciones pendientes se les pueden incautar bienes, pero también el sueldo, en la medida en que supere el salario mínimo interprofesional.

Este sueldo mínimo estaba fijado en 2005 en 513 euros al mes, a partir del cual la ley establece unos baremos para el embargo. Así, entre este mínimo y el doble, 1.026 euros, se retiraría un 30 por ciento, mientras que hasta el triple, 1.539 euros, se embargaría un50 por ciento.

MÁS CASOS

Los juristas consultados destacaron que esto supone que el abanico de etarras a los que se puede exigir el pago de la responsabilidad civil se amplia, ya que, en principio, son menos los que cuentan con negocios propios o grandes ingresos.

La reclamación de estas indemnizaciones es potestad básicamente de la Administración desde la aprobación de la Ley de Solidaridad con las Víctimas de 1999, que establecía que el Estado adelantaba el pago de las compensaciones a los afectados, pero sin renunciar a su derecho a exigir su devolución a los terroristas.

Esto es lo que está sucediendo con el caso de María Pilar Elías, edil del PP en Azkoitia (Guipúzcoa), que ha visto cómo la Audiencia Nacional ha comenzado los trámites para embargar a dos de los etarras que asesinaron su marido, Ramón Baglietto.

Estos dos terroristas, Kándido Azpiazu y Juan Ignacio Zuazolazigorraga, cuentan, respectivamente, con una cristalería y un restaurante. En el primer caso se da la circunstancia de que el comercio está situado justo debajo del domicilio de la concejal popular.