En esta acción terrorista, perpetrada el 22 de noviembre de 1988, resultaron muertos un niño de 2 años y un hombre de 38, mientras que otras 88 personas sufrieron heridas de distinta consideración.

El fiscal solicita, entre otras penas, 12 años de árcel por un delito de terrorismo, otros 60 por dos asesinatos y 960 por 88 asesinatos frustrados, así como 120 años por lesiones graves.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejerce la acusación particular y la acción popular en el juicio, pide un total de 1.835 años de prisión para Parot, mientras que para Gonzalo Rodríguez Cordero y José Gabriel Zabala reclama 1.847 años de cárcel, por su presunta pertenencia al "comando robacoches", encargado de proporcionar los vehículos tilizados en el atentado.

Para la AVT, concurren los agravantes de premeditación conocida y comisión de delito mediante precio, sobre todo en el caso de Henri Parot, que "carecía de medios suficientes para vivir y el crimen, desde el año 1978, constituía su sustento y medio de ingresos regular".

Además, solicita que se condene a Herri Batasuna (HB) como responsable civil subsidiario del atentado. La AVT argumenta que los hechos que son objeto del sumario ocurrieron "como reacción expresa ante la uptura de las denominadas conversaciones de Argel, buscando asesinatos masivos con los que presionar al Ejecutivo español".

Las dos víctimas mortales del atentado por el que será juzgado Parot fueron Luis Delgado Villalonga, hijo del secretario general de la AVT, Luis Delgado, y Jaime Bilbao Iglesias. Los dos murieron cuando circulaban en sus respectivos vehículos por las inmediaciones del edificio de la Dirección General de la Guardia Civil en el momento en que estalló el coche-bomba.