En la sentencia hecha pública hoy, los magistrados, presididos por el juez Fernando García Nicolás, encuentra a Arizcuren Ruíz culpable de 20 delitos de asesinato terrorista, un delito de atentado a agentes de la autoridad y otro de estragos, todos ellos en grado de tentativa.

El tribunal considera probado que Arizcuren Ruiz, junto con otros miembros del "comando Araba" de ETA ya condenados por estos hechos, decidieron colocar una bomba en las próximidades del estadio del Álaves, el polideportivo de Mendizorroza, con el objetivo de asesinar a los miembros de la Policía Nacional que formaban parte del dispositivo de seguridad del encuentro de fútbol entre el equipo local y la Unió Esportiva LLeida.

Además, pretendían causar importantes destrozos en los vehículos policiales y otros automóviles estacionados en las proximidades, así como en el propio estadio de fútbol.

Con ese objetivo, Arizcuren Ruiz preparó una bomba compuesta por 25 kilos de goma 2 y 100 kilos de tornillería a modo de metralla.

ROBO Y SECUESTRO

En la mañana del 20 de mayo de 1985, los miembros del comando robaron dos vehículos y secuestraron a sus dueños, quienes fueron retenidos varias horas en las cercanías de la localidad alavesa de Berrosteguieta.

El acusado ordenó a varios etarras la custodia de los secuestrados, con la consigna de no soltarlos hasta recibir nuevas instrucciones.

Acto seguido, Arizcuren Ruiz colocó el artefacto explosivo en uno de los coches sustraidos y ordenó a una de las etarras del comando que estacionase el vehículo en las inmediaciones de Mendizorroza, exactamente en el lugar donde se suelen dejar aparcadas las furgonetas policiales los días de partido.

A primeras horas de la tarde, el acusado ordenó a otros dos miembros del comando que se desplazaran hasta el estadio para controlar la zona e informar sobre las incidencias que fueran surgiendo.

Al observar estos la elevada presencia policial, se pusieron en contacto con Arizcuren Ruiz para comunicarle que "la cosa esta mal", por lo que el procesado decidió dirigirse él mismo hasta el estadio para valorar la situación.

Finalmente, los etarras decidieron retirarse del lugar sin hacer estallar la bomba y Arizcuren Ruiz ordenó la liberación de los dos secuestrados.

Poco tiempo después, los policías, alertados de la sustracción de los coches, localizaron el vehículo en el que estaba montada la bomba, y los Tedax consiguieron desactivar el explosivo.

GRAN AFLUENCIA DE PÚBLICO

Durante la celebración de la vista oral, el fiscal encargado del caso, Carlos Bautista, elevó de 143 a 603 años su petición de cárcel para el dirigente etarra al considerar que el número de agentes de la Policía Nacional que hubiesen muerto en el atentado podría haber alcanzado los 25, y no los 5 que se calculó en un principio.

Para realizar este cambio de apreciación, Bautista se basó en la declaración de los funcionarios de la Policía Nacional que comparecieron en el juicio, quienes señalaron que en el lugar donde la organización terrorista pretendía atentar estaban estacionadas tres furgonetas policiales, lo que corresponde a un total de 20 agentes.

A estos 20 agentes, Bautista sumó finalmente los cinco efectivos de los Tedax que participaron en la desactivación del artefacto explosivo.

Finalmente, el tribunal ha decidido fijar en 20 el número de policías que podrían haber muerto en el atentado al considerar que los cinco miembros de los Tedax "obviamente no figuraban en el plan inicial" del acusado.

Los magistrados señalan que el lugar elegido para el atentado "había sido específicamente designado por ser un punto de abundante concentración policial" y destacan además que al tratarse de un días festivo "es notorio" que al partido de fútbol "acudiría numeroso público".

Además de los 425 años de cárcel, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha impuesto a Arizcuren Ruiz la prohibición de acercarse a la ciudad de Vitoria por un plazo de seis años a contar desde su excarcelación.