A juicio de IU, la intención del presidente del Gobierno de incluir a diversos colectivos y asociaciones entre los grupos que se deben perseguir por su supuesta relación con el terrorismo ha chocado con la justicia y, sobre todo, con los mecanismos legales de nuestro stado de Derecho.

En opinión de Llamazares, no basta con tener la convicción de que determinados grupos apoyan a ETA, sino que es necesario aportar las pruebas suficientes de que se ha cometido un delito.

Para el coordinador de IU, la necesidad de la prueba en toda actuación judicial es algo que "Aznar pretendía saltarse a la torera para ser a la vez, gobernante, legislador y supuesto juez supremo de nuestro Estado con un poder cuasidivino para dictaminar lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto.

Tras animar al juez Baltasar Garzón, encargado del caso contra Ekin, a seguir trabajando, Llamazares insistió en que "sólo la fuerza de la prueba es la que permite que nuestro derecho lleve a la cárcel a quien así lo merece".