La aprobación de este decreto, elaborado por el cardenalAntonio María Rouco Varela, supondría que no podrán celebrarse funerales en homenaje a etarras fallecidos.

Esta decisión deberá adoptarse a mano alzada por mayoría absoluta de los 85 obispos con derecho a voto, 68 diocesanos y 17 auxiliares, mientras que los 32 obispos eméritos, entre los que se encuentran Setién o Suquía, pueden hablar, pero no votar.

Según Rouco Varela, esta iniciativa de la Iglesia pretende responder a la "mayor crisis eclesial de los tiempos de la democracia en España. Esta cisis obedece a las críticas por la supuesta pasividad de la Iglesia ante ETA".

La última excomunión en España se dictó en 1951, y recayó sobre un vidente por haber fundado sin permiso la asociación de la Santísima Virgen.