El fiscal encargado del caso, Ignacio Gordillo, pide que cada uno de ellos sea condenado como cooperador necesario de un delito de detención ilegal a un total de 17 añosde prisión, y que indeminicen a Aldaya con 350 millones de pesetas (150 por la cantidad pagada en concepto de rescate y 200 por las secuelas y los daños morales del secuestro).

Según el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal considera probado que en fecha no determinada del año 1993, José Javier Arizkuren Ruiz, alias "Kantauri", se puso en contacto con Francisco José Ramada Estévez y le propuso que formara parte de un comando especializado en secuestros.

Tras aceptar, Ramada recibió un inero con el que adquirió una nave industrial en el barrio de Ventas de Irún (Guipúzcoa), en la que se construyó el habitáculo en el que permanecería secuestrado Aldaya durante casi un año.

Según consta en el escrito de conclusiones del fiscal, Aldaya fue secuestrado el 8 de mayo de 1995, después de haber terminado su jornada laboral en la emprsa Alditrans, de la que es titular, y cuando se encontraba a 400 metros de su casa.

Tres individuos salieron de un coche que se encontraba atravesado en lacalzada, le obligaron a dejar su vehículo y a subirse al de ellos, al tiempo que le ponían una capucha y una inyección en el brazo.

Hasta el 14 de abril de 1996, cuando fue lbierado en el Alto de Azcárate, en el termino municipal de Elgoibar (Guipúzcoa), Aldaya estuvo retenido en un habitáculo de tres metros y medio de largo, un metro de ancho y otros dos de alto. El zulo no tenía ventanas, y sólo tenía una bombilla para la iluminación. El empresario fue sometido, según consta en el escrito, a unas "cndiciones de vida infrahumanas".

Asimismo, el fiscal sostiene que fue Ramada quien efectuó la liberación de Aldaya, llevando a éste a Elgoibar (Guipúzcoa) en el coche de Sagrario Yoldi Múgica, quien prestó su vehículo conociendo para qué iba a ser utilizado.

"Durante el secuestro del señor Aldaya, Sagrario Yoldi era plenamente sabedora de dicha situación y de la pertenencia a ETA de los secuestradores", dice el fiscal, para quien esta mujer sabía que la ropa que le llevaban para lavar era del citdo empresario.

El secuestro fue reivindicado por la organización terrorista ETA , mediante una llamada al diario Egin el 25 de mayo de 1995. Para la liberación, la banda terrorista exigió a la familia del empresario el pago de al menos 150 millones de psetas.