Según fuentes del Gobierno, alcanzar un acuerdo total es cada vez más difícil, sobre todo por la postura crítica de IU, por lo que los responsables de Moncloa se mueven ya en el escenario de aprobación de las medidas legislativas por una "mayoría amplia", que permita la aprobación en el Congreso de las iiciativas.

Esa mayoría tendría que formarse "contando siempre con el PSOE y nunca en contra del PNV", según las fuentes consultadas por esta agencia.

El Ejecutivo confía en las habilidades negociadoras de Mayor Oreja para conseguir el acercamiento de los nacionalistas vascos a las tesis de Interior, aunque las fuentes consultadas no ocultaron cierto grado de preocupación por las más recientes declaraciones de distintos responsables del PNV, muy críticos con la política del Gobierno.

Sin embago, el hecho de que el portavoz del PSOE en esta negociación sea Juan Alberto Belloch, responsable del actual Código Penal y uno de los socialistas más resistentes a su modificación, no es contemplado como un obstáculo para acercar posiciones.

Se espera del Partido Socialista que mantenga una posición "responsable" en materia de lucha antiterrorista y apoye la mayor parte de las medidas legislativas.

La posición de IU, contraria a la filosofía y al contenido de una buena parte de las propuestas d Interior por considerarlas contrarias a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, se considera difícil de modificar desde Moncloa, aunque las citadas fuentes reiteraron la voluntad de alcanzar acuerdos con la coalición.

De hecho, Mayor Oreja se comprometió con la portavoz de IU, Rosa Aguilar, el pasado 30 de julio para no llevar al Consejo de Ministros ninguna propuesta que no cuente con el apoyo de todas las fuerzas políticas firmantes del Pacto de Madrid.

Por el momento, y a psar de las dificultades de alcanzar un acuerdo, Interior mantiene su intención de convocar el Pacto de Madrid en la primera semana de septiembre, mes en que también presentaría en el Registro del Congreso las reformas legislativas, que serían tramitadas por el procedimiento de urgencia, de manera que entraran en vigor antes de diciembre.

La crítica de los partidos involucrados en la negociación se centra en la escasa receptividad del Ministerio de Interior para atender sugerencias o modificaciones de as medidas anunciadas y, en el caso del PNV, a la negativa rotunda del Gobierno a modificar la polítia penitenciaria.

En cuanto al juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra los miembros de la Mesa de Herri Batasuna por colaboración con banda armada, a raíz de la difusión de un vídeo de ETA durante la campaña electoral de las Generales de 1996, el Gobierno considerará positiva cualquier sentencia inculpatoria, puesto que varios expertos juristas ya han advertido de la dificultad de demostrar qu la difusión de dicho vídeo es delito.