El primero de los juicios se celebrará mañana en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y en él Urrusolo Sistiaga se enfrentará a una petición de 82 años y 3 meses de cárcel por su presunta participación en el atentado perpetrado en enero de 1992 en Barcelona contra un vehículo de militares, uno de los cuales murió en el acto y dos resultaron heridos.

Según el relato de conclusiones povisionales, el fiscal Jesús Santos considera probado que Urrusolo Sistiaga y Fernando Díez Torre (ya condenado por estos hechos) decidieron acabar con la vida de miembros del Ejército de alta graduación en Barcelona, para lo que robaron un coche al que cambiaron la matrícula por otra falsa.

Tras vigilar durante dos días los movimientos de un vehículo oficial del Ejército del Aire, ambos terroristas decidieron llevar a cabo el atentado el 8 de enero, para lo cual se desplazaron en el coche robado y eseraron la llegada del automóvil militar. Sobre las 14,30 horas, los terroristas interceptaron el vehículo militar y dispararon contra los tres ocupantes, que recibieron 26 balazos.

En el atentado murió en el acto el comandante Arturo Anguera Vallés, de 50 años, y resultaron heridos el teniente Luis Javier Bellota Aznar y el soldado conductor Jaime Amposta Maseu, quien, al recibir los disparos, perdió el control del coche y colisionó con otros 6 vehículos.

Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional los hechos descritos son constitutivos de atentado con resultado de muerte, dos asesinatos frustrados, un delito de utilización ilegítima de vehículo de motor ajeno y un delito de falsificación de placas de matrícula.

El departamento dirigido por Eduardo Fungairiño considera que Urrusolo Sistiaga es responsable de los mismos y que debe ser condenado a un total de 82 años y 3 meses de cárcel, así como a indemnizar a los herederos de Arturo Anguera con 160.000 euros. Además, exige que repare económicamnte a Luis Javier Bellota con 8.000 euros y a Jaime Amposta con otros 16.000.

SEGUNDO JUICIO

El segundo de los juicios tendrá lugar el jueves en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde Urrusolo se enfrenta a una solicitud de 45 años de prisión por su presunta participación en el atentado perpetrado en 1991 en Valencia y que acabó con la vida de Edmundo Casañ, entonces subdelegado de la empresa Ferrovial, empresa relacionada con la construcción de la autovía de Leizaán.

Según el escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera probado que Urrusolo Sistiaga, Juan Jesús Narváez Goñi e Itziar Alberdi Uranga, integrantes del "comando Ekaitz", decidieron acabar con la vida de José Edmundo Casañ Pérez-Serrano, delegado de Ferrovial.

Para llevar a cabo el atentado, los tres miembros del "comando Ekaitz" robaron un vehículo con el que se dirigieron, el 4 de marzo de 1991, a las oficinas de la delegación de Ferrovial en Valencia. Una vez allí, ocultando sus rostros con pasamontañas y con una pistola cada uno, Urrusolo y Narváez subieron al cuarto piso y obligaron a las personas que se encontraban en las oficinas a tirarse al suelo.

"Acto seguido, se dirigieron al despacho donde se encontraba el señor Casañ, efectuando de forma súbita y a corta distancia un disparo que le alcanzó en zonas vitales, ocasionándole instantáneamente la muerte", añade el fiscal.

Tras el crimen, los tres miembros del comando etarra huyeron enel coche robado hasta una entidad bancaria, dejando el vehículo con un artefacto explosivo que finalmente fue desactivado por la policía.

Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, estos hechos son constitutivos de un delito de asesinato, otro de robo con fuerza en las cosas y otro de terrorismo. El departamento dirigido por Eduardo Fungairiño considera que Urrusolo debe ser condenado a un total de 45 años de prisión e indemnizar a los herederos de la víctima con 400.000 euros.

Urrusolo Sistiaga a sido condenado recientemente por la Audiencia Nacional a un total de 10 años y 6 meses de prisión por colaborar con ETA en 1991 mediante tenencia de explosivos y uso ilegítimo de vehículo a motor.

Este histórico miembro de ETA fue extraditado por Francia el 23 de agosto de 2001, tras haber cumplido en ese país la condena de seis años de prisión que el Tribunal Correccional de París le impuso por un delito de asociación de malhechores con fines terroristas.