José Luis Pascual, portavoz de la Agrupación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), en declaraciones a Servimedia, señaló que "siempre hemos mantenido la misma postura de respeto antelas decisiones de Estado que afectan a la política de antiterrorista y de cumplimiento de la ley".

Al respecto, agregó que "nosotros somos trabajadores que nos limitamos a cumplir estas decisiones políticas que adopta el Gobierno y esperamos que no afecten al normal desarrollo de nuestro trabajo, puesto que son internos que van trasladados de unos centros penitenciarios a otros así como van trasladados en numerosas ocasiones otro tipo de internos".

Por su parte, el secretario general de la FSP-Prsiones de UGT, Juan Miguel Cazalla, señaló que los funcionarios de prisiones "somos meros trabajadores que acatamos las decisiones que adopta el Gobierno y no entramos a valorar si es bueno o es malo".

En este sentido, recordó que "las prisiones han funcionado toda la vida con estos internos (de ETA)", al tiempo que subrayó que "no hay que olvidar que en las prisiones los presos etarras son minoritarios. Frente a los 48 mil presos que hay en este país", apostilló, "los internos de ETA (unos 400) son uos internos más".

Por último, el responsable de USO-Prisiones, Francisco Javier López Llamazares, enjuició que "si este tratamiento ha sido individualizado, como siempre ha sostenido el Ministerio del Interior, esta medida nos parece perfecta".

No obstante, manifestó su esperanza en que "no solamente se tengan en cuenta estos criterios a los presos de ETA y que también se aplique (la aproximación) a los restantes internos", en referencia a los presos comunes.

De igual modo, advirtió de la neesidad de complementar esta aproximación con los programas previstos de reinserción social de cada uno de los presos etarras "y que no se quede esto sólo en un traslado".