José María Benito, secretario de Acción Sindical del Sindicato Unificado de Policía (SUP), dijo a Servimedia que esta denuncia no tiene ninguna trascendencia penal y si existe alguna responsabilidad será política.

Explicó que en Granada hay 700 policías y 3.000 objetivos de ETA con un cargo público a los que brindar protección, lo que supone que es imposible hacerlo, y añadió que, aunque se tuviera posibilidad de proteger a todos cuantos son susceptibles de se asesinados, la banda terrorista siempre encontraría alguien a quien matar.

"Evitaríamos la muerte de una persona, pero no la de otra, y quizá volveríamos a los atentados que ha habido toda la vida: policías, guardias civiles y militares de baja graduación", indicó.

Por su parte, el secretario general de la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU), Enrique Gómez, se mostró asombrado por el hecho de que el fiscal de Andalucía no tuviese protección habiéndola pedido, pero matizó que habría ue pedir responsabilidades a quien corresponda y no acusar a todos los miembros de las fuerzas del orden.

En cualquier caso, dijo a Servimedia que es imposible dar plena seguridad a todas las personas amenazadas. "Con los medios de que dispone la policía en cada momento se dan las custodias que se cree deben de hacerse", explicó.

El dirigente de ANPU insistió en que habrá que pedir responsabilidades a quien no facilitó la protección policial a Portero. "Aquí las responsabilidades siempre son políicas. Policiales no puede haber porque la policía actúa conforme le ordenan", subrayó.