El Ejecutivo, según estos sindicatos, debe marcar unos límites a esas conversaciones, con el fin de que los terroristas respondan ante la Justicia y de que los derechos de las víctimas no queden e el olvido.

El secretario de Acción Sindical de la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU) en el País Vasco, Mariano Sáinz Arribas, manifestó que "toda charla que contribuya a que no haya un muerto más es positiva".

"Todo aquello que vaya encaminado a salvar cualquier vida humana, sea por donde sea, para mí es positivo", declaró a Servimedia el sindicalista, quien se mostró en contra de que se indulte a los terroristas antes de ser juzgados y condenados.

En este sentido, Sáinz argumntó que "para pedir el perdón de la pena, el delincuente primero ha de ser juzgado y condenado, sea del calado que sea y negocie quien negocie".

Por su parte, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, se mostró a favor de la decisión del Gobierno de negociar directamente con el entorno de ETA, "siempre y cuando no haya como contrapartida ninguna cesión política".

Benito manifestó a Servimedia que, "en ningún caso, el Gobierno puede aceptar chantajes políticos ni de ualquier otro signo", ante el riesgo de que la sociedad y la propia banda terrorista extraiga la conclusión de que "ETA ha hecho bien en matar porque consigue lo que quiere".

Asimismo, el portavoz del SUP pidió "que no se olvide a las víctimas del terrorismo. Que se les concedan todas sus reivindicaciones, que se les pague todas las indemnizaciones que no han cobrado y se sea sensible con las víctimas al mismo tiempo que se está negociando".

DERECHOS IRRENUNCIABLES

Por su parte, el secretario gneral del Sindicato Profesional de Policía Uniformada (SPPU), Francisco Javier Santaella, se mostró de acuerdo con los "ineludibles" contactos entre el Gobierno y el MLNV, siempre y cuando no se lesionen los "irrenunciables" derechos de las víctimas del terrorismo.

En declaraciones a esta agencia, Santaella añadió que toda conversación o negociación "tiene un límite" claramente marcado por el principio de justicia y por las reivindicaciones de las víctimas.

En este sentido, argumentó que "si la jsticia es igual para todos, también lo debe ser para este gente, que aún tiene causas pendientes con ella" y tiene unas responsabilidades civiles a las que hacer frente.

Por su parte, el portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Federico Ferrer, calificó de "aceptable" que el Gobierno tome contacto con el MLNV "para evitar nuevos asesinatos", si bien se mostró escéptico sobre la seriedad de la tregua, ya que, a su juicio, no existen elementos razonables que hagan pensar que ETA tiene intención dedejar de asesinar.

En declaraciones a Servimedia, Ferrer señaló que el Gobierno debe continuar actuando judicial y policialmente contra ETA hasta tener la certeza absoluta de que abandona definitivamente las armas.