Esta reforma legislativa, fraguada en el marco del Pacto Antiterrorista suscrito por PP y PSOE, prolonga hasta los cuarenta años el límite máximo de cumplimiento de condenas y que los beneficios penitenciarios se condicionen a la desvinculación expresa de la violencia, para lo que es fundamental la delación y la facilitación de información sobre la banda terrorista.

Asimismo, establece que en os delitos de terrorismo, el tercer grado penitenciario sólo podrá concederse cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo de cumplimiento de la condena, y la libertad condicional, cuando reste una octava parte.

En su enmienda a la totalidad, IU subraya que la política de seguridad del PP, que mete criminalidad, inmigración y terrorismo en un "totum revolutum", provoca un "evidente daño a determinados valores constitucionales" con la filosofía de que "todo es solucionable con mano dura enal", con la "oleada de tolerancia cero y del todos a la cárcel".

"El Gobierno del PP, con el hasta la fecha inestimable apoyo del PSOE, se ha limitado a utilizar la pretendida inseguridad ciudadana primero como una forma de captar cierto apoyo electoral", añade, y, en segundo lugar, para evitar que los socialistas le abran un "frente electoral" en esa materia.

"MUERTE CIVIL" DEL PRESO

Por ello, insiste en que la "ultraextensión arbitraria de la prisión provisional, el endurecimiento generalizdo de las penas, la obstaculización del acceso a los beneficios penitenciarios o la muerte civil de determinados reclusos son contrarias a varios e importantes preceptos constitucionales".

El PNV quiere que el proyecto sea retirado porque "apuesta por un sistema penal regresivo que cuestiona el carácter resocializador de la pena", se plantea desde "el oportunismo político", olvidando que "la defensa de un sistema penal y penitenciario justo no resta un ápice a compartir la repugnancia que nos producenlos crímenes terroristas".

Asimismo, esta medida es "de dudosa constitucionalidad", pues un tiempo de reclusión ininterrumpido superior a quince años provoca "a la mayor parte de los penados consecuencias de orden psíquico y social que imposibilitan en ocasiones su reinserción social", tal y como ha reconocido el Tribunal Supremo en algunas de sus sentencias.

Para el Partido Nacionalista Vasco esta reforma tampoco será eficaz, pues "está más que demostrado que el endurecimiento de las penas, inclida la propia existencia de la pena de muerte, no ha servido para erradicar aquellas conductas" que se pretenden combatir.

Eusko Alkartasuna pide la devolución del texto al Gobierno porque "incurre continuamente en el error de confundir estancia en prisión con cumplimiento de la pena", pues el tercer grado forma parte también de este cumplimiento, igual que la libertad condicional, aunque de forma más "benigna" y sometida a unas condiciones que tienen que ver con la ausencia del peligro de reincidenci.

CONTRA LA "REEDUCACION"

Añade que la vulneración de principios constitucionales, como la reeducación de los presos y la humanidad de las penas, "descalifican por completo este proyecto", porque las penas de larga duración llevan "irremediablemente unida la destrucción del sujeto como ser social".

Por su parte, el BNG argumenta que este proyecto "oportunista", amenaza con "alejar el sistema penal español del paradigma europeo continental para aproximarlo a concepciones puramente retributivas d clara raíz estadounidense" que además no logran atajar la criminalidad.

Iniciativa per Catalunya, alega que el alargamiento de las condenas hasta cuarenta años "anula cualquier posibilidad de fundamentar la incorporación de la persona condenada a la sociedad", y supone una "regresión en materia de derechos y libertades" que el Congreso de los Diputados debe rechazar.

En su enmienda, ERC subraya que esta proyecto "carece de legitimación en un Estado social y democrático de derecho", pues está "deprovisto de cualquier finalidad preventiva que lo justifique, y se convierte en pura retribución, cuando no en mera canalización de impulsos de venganza", en un intento de "instrumentalizar políticamente la desazón social provocada por el terrorismo".