En declaraciones a Servimedia, la portavoz de Educación de los socialistas en el Parlamento vasco, Isabel Celaá, sostuvo que, junto a lo referido a la enseñanza de los reclusos, existen otros "aspectos de dudosa legalidad".

La parlamentaria del PSE hizo estas consideraciones en relación con el anuncio realizado hoy por el ministro del Interior, Angel Acebes, respecto a que el Gobierno estudia recurrir al Constitucional la parte de la ley universitaria vasca aprobada este miércoles que se refiere a lo estudios de las personas encarceladas.

La inclusión de este aspecto en esta normativa vasca se debe a una enmienda del grupo Sozialista Abertzaleak, antigua Batasuna, y que, presumiblemente, entra en colisión con la reforma que aprobó el Congreso, según la cual los presos sólo pueden estudiar en universidades que tengan un convenio con el Ministerio del Interior, algo que en la actualidad sólo ocurre con la UNED.

Según la portavoz de Educación del PSE, la nueva ley "sume a la universidad del Paí Vasco en la mayor inseguridad jurídica", algo que hace que cuente con puntos susceptibles de ser estudiados para presentar algún tipo de recurso.

En este sentido, se refirió a que hay cuestiones de la nueva normativa que vulneran la igualdad de oportunidades, como algunas referidas al régimen de personal o a los estudiantes que aspiran a obtener el doctorado.

"Es una ley que, aparte de no resolver los problemas reales de la universidad del siglo XXI, vulnera en algunos casos aspectos básicos de a legislación", señaló la diputada socialista, quien añadió que, por el momento, su partido no se plantea ejercer alguna acción legal.