Según una respuesta al PP enviada al Parlamento vasco, y a la que ha tenido acceso Servimedia, las consejerías de Interior, la de Justicia, Empleo y Seguridad Social, así como la de Sanidad, están "revisando" de "forma coodinada" las "actuaciones en materia de garantías de los derechos fundamentales de las personas".

El consejero de Interior, Javier Balza, asegura en esta contestación que, en caso de que como consecuencia de este estudio se planteasen "mecanismos de garantía reforzada" para las detenciones, éstos se plasmarían en "un protocolo de actuación".

Balza añade que las medidas que puedan plantear las distintas consejerías deberán ser "susceptibles de integrarse dentro de los requerimientos legales aplicabes por los jueces y magistrados" en los distintos casos, fundamentalemente los instruidos en la Audiencia Nacional".

La respuesta del consejero añade que, teniendo en cuenta los criterios anteriores, uno de los elementos que se pretende "examinar y reforzar" es el de la incomunicación de las personas detenidas.