La llamada "comisión técnica" del Acuero Antiterrorista se reunió esta tarde en el Congreso de los Diputados para estudiar diversas modificaciones normativas con las que se pueda reforzar la democracia municipal en Euskadi y la seguridad de los cargos públicos.

Pese a llegar a un acuerdo "sustancioso" sobre los objetivos, amas formaciones aplazaron hasta el próximo 10 de abril, día en el que se celebrará una nueva reunión, la concreción de las iniciativas en las que se traducirá este acuerdo y que serán tramitadas en el Parlamento.

El contenido de la reunión fue expuesto en rueda de prensa por el secretario de Política Municipal del PSOE, Alvaro Cuesta; el responsable de seguridad de los cargos socialistas de Euskadi, Víctor García; la responsable de Política Municipal del PP, Rosa Romero, y el portavoz popular en el Sendo, Esteban González Pons.

Populares y socialistas reafirmaron el acuerdo para reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) e impedir la elegibilidad de quienes hayan sido condenados por terrorismo. Además, otra modificación de esta misma norma permitirá eliminar límites al número de suplentes que cada formación política puede presentar en sus listas electorales.

En los casos en los que las dimisiones en cadena dejen a un Ayuntamiento sin voz de alguna formación política, cualquer ciudadano mayor de edad en condiciones de ser elegido podrá suplir a los concejales dimitidos.

Esos suplentes serán elegidos por la Diputación Provincial correspondiente a propuesta de las formaciones políticas afectadas, es decir, que hayan sufrido las dimisiones que han de ser cubiertas.

DISOLUCION

Las corporaciones locales cuyas actuaciones fomenten el terrorismo, lo enaltezcan o justifiquen, humillen o menosprecien a las víctimas o impidan el normal funciomiento del ayuntamiento, podrán er disueltas por decreto del Consejo de Ministros previa comunicación al Gobierno autonómico y con acuerdo del Senado.

En estos casos, la Diputación Provincial correspondiente se hará cargo de la gestión de este municipio hasta las siguientes elecciones municipales.

Este sería un nuevo supuesto de disolución que se añadiría al artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local, en el que ya se contempla la disolución de las corporaciones cuya gestión sea "gravemente dañosa" para los intereses generles o resulte contraria a los principios constitucionales.

En este supuesto que ya está vigente y que fue declarado conforme a la Carta Magna por el Tribunal Constitucional, la ley preve la creación de una comisión gestora que conduzca al ayuntamiento a unas nuevas elecciones parciales antes de tres meses.

Sin embargo, cuando la disolución se vincule a actividades relacionadas con el terrorismo la gestión será asumida por la Diputación Provincial hasta las siguientes elecciones municipales.

opulares y socialistas acordaron además que los interventores de las elecciones vascas no tengan que ser necesariamente residentes en la circunscripción en la que desarrollen su labor, y que las declaraciones de bienes de los concejales sean custodiadas en las diputaciones y no en los ayuntamientos.

SUBVENCIONES

También reformarán la Ley de Financiación de partidos políticas para evitar que las formaciones políticas que justifiquen o respalden el terrorismo, menosprecien a las víctimas o impidan el jercicio de las labores de los concejales reciban cualquier tipo de subvenciones públicas.

Otra reforma, ésta del Código Penal, permitirá incriminar no sólo a quienes amenacen a los cargos públicos, sino a quienes les impidan el acceso a los plenos o el normal ejercicio de su función.

Las dos formaciones mantienen algunas diferencias de matiz en la naturaleza que debe tener el fondo para financiar la seguridad de los cargos públicos en Euskadi, por lo que decidieron elevar la decisión última a laComisión de Seguimiento del Acuerdo Antiterrorista.

Según explicó Alvaro Cuesta, los dos partidos están de acuerdo en la necesidad de crear un fondo que se sustente fundamentalmente a través de los Presupuestos Generales del Estado, pero queda por precisar la posibilidad de que reciba aportaciones privadas o, incluso, la reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos para que las formaciones puedan recibir aportaciones "finalistas" para seguridad.

Todos estos acuerdos deberán ser concretdos en varias proposiciones de ley que los dos partidos llevarán al Congreso de los Diputados para su aprobación después de ofrecer consenso al resto de fuerzas parlamentarias, según aseguró Cuesta.

González Pons explicó que el PP propuso en la reunión llevar a los municipios vascos mociones en las que se proponga retirar a Batasuna las subvenciones que recibe a través del Parlamento vasco y apartar a sus concejales de las responsabilidades que desarrollen en los ayuntamientos.