Esta es una de las medidas que el secretario general del PP, Javier Arenas, envió ayer a su homólogo socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, y que hoy tratarán representantes de los dos partidos en una reunión de trbajo para estudiar medidas que garanticen la libertad de los ediles en el País Vasco.

La propuesta popular incluye un total de 17 medidas de carácter político, penal, electoral y político-social, entre las que destacan también la posibilidad de convocar elecciones municipales anticipadas en aquellas localidades en las que la presión o las acciones terroristas provoquen una falta de concejales.

El PP pretende modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) hasta en cuatro aspectos ara que también sea posible designar a vocales gestores cuando se agote la lista de suplentes e, incluso, nombrar una comisión gestora que gobierne en aquellos ayuntamientos donde el número de vocales gestores supere al de concejales.

Asimismo, los populares quieren modificar el artículo 6.2 de la LOREG para que ninguna persona condenada por alguna acción tipificada como apología del terrorismo pueda ser elegida para representar a los ciudadanos de un municipio, tal y como ha propuesto el PSOE.

Tmpoco desea el PP que los datos personales de los concejales incluidos en el Registro de Intereses puedan facilitar la comisión de atentados contra los representantes locales del pueblo y, por ello, solicita su "confidencialidad", salvo en los supuestos tasados legalmente.

La propuesta que Arenas ha remitido a Zapatero contempla también la modificación de otros dos puntos de la LOREG que faciliten la presentación de listas electorales en el País Vasco y la celebración libre de los comicios.

Para llo, aconseja "fijar un número mínimo de tres suplentes, sin fijar su número máximo o flexibilizando mucho este último", para que sea más sencillo formar listas en algunos municipios. Igualmente, insta al PSOE a permitir que los apoderados e interventores que actúen en unas elecciones del País Vasco tengan como único requisito ser "mayor de edad" y que "no esté privado de sus derechos políticos o civiles", así como que no se exija el requisito de la residencia para desempeñar dichas funciones.

Dentro el ámbito penal, el PP quiere que los ayuntamientos puedan personarse como acusación particular en los procedimientos penales derivados de delitos o faltas cometidos contra concejales de las fuerzas políticas democráticas.

APOYO A LOS AMENAZADOS

Entre las actuaciones de apoyo político-social, además del fondo económico para sufragar los gastos de seguridad, el PP recomienda crear "equipos de apoyo multidisciplinar" que ayuden a los concejales amenazados y a sus familias ante cualquier tipo de eventulidad.

A juicio del PP, sendas campañas de comunicación podrían contribuir a fomentar la defensa de valores constitucionales como la tolerancia, la libertad, el pluralismo y la convivencia pacífica, y a concienciar en el ámbito local de la importancia de participar activamente en la democracia.

Por último, las medidas políticas que el PP quiere consensuar hoy en la reunión con el PSOE incluyen respaldar las reformas legales dialogadas en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y aplicalas "cuando fuere preciso" en el ámbito institucional vasco.

También propone impedir que los partidos o asociaciones que apoyen directa o indirectamente el terrorismo no puedan recibir ningún tipo de subvención, aislar política e institucionalmente a Batasuna, tanto en su financiación como en los ayuntamientos, y revisar "permanentemente" las medidas de seguridad de los cargos públicos.