Este estudio es la versión definitiva de las investigaciones que respecto a la "financiación del terrorismo nacionalista vasco" viene realizando el Instituto de Análisis Industrial y Financiero de la Complutense bajo la dirección del catedrático Mikel Buesa.

El trabajo, fechado este mismo mes de enero, apunta que cuando el partido de Arnaldo Otegi estuvo en las instituciones tuvo un "papel crucial" para conseguir fondos que sirvieron para mantener el entramado terrorista.

En concreto, el Instituto de Análisis Industrial y Financiero destaca el papel importante que para la financiación del terrorismo etarra tuvo que Batasuna, hasta su ilegalización en 2003, estuviese presente en ayuntamientos, Juntas Generales y Parlamento autonómico.

AYUDAS DE TODO TIPO

En concreto, el partido de Otegi recibió en el período que va de 1992 a 2000 subvenciones por un total de 14,3 millones de euros, de los cuales 13 millones fueron ayudas de carácter ordinario, mientras que el resto correspondió a sumas procedentes de los resultados en los procesos electorales.

Entre las subvenciones ordinarias se encuentran las subvenciones que el partido ilegalizado recibió la década de los noventa del Gobierno vasco (4,4 millones de euros), del Parlamento autonómico (2,6 millones) y de las corporaciones locales (5,7 millones).

Además, con su ilegalización, Batasuna sufrió la clausura y embargo de sus sedes y locales, de manera que perdió el control sobre un total de 220 inmuebles. Esto le obligó a rescindir los contratos de 39 trabajadores ocupados en sus servicios centrales.

Por otra parte, tras no poder presentarse a las elecciones municipales a partir de 2003, el partido de Otegi fue desalojado de las 49 alcaldías que ocupaba, 44 de las cuales eran del País Vasco y 5 más de Navarra.

FUNCIONARIOS ADEPTOS

El estudio de la Universidad Complutense destaca, asimismo, que esta reducción del poder municipal del partido de Otegi "sólo pudo ser paliada, de manera parcial, antes de los comicios, mediante la conversión en funcionarios de los simpatizantes que estaban contratados por los ayuntamientos".

De este modo, la formación ilegalizada dejó de controlar un presupuesto de 196,3 millones de euros anuales, cantidad procedente sólo de los 44 ayuntamientos cuyo alcalde había pertenecido a esta fuerza política. Además, este partido dejó de percibir unas ayudas a grupos municipales que superaban el millón de euros anuales.

Por otra parte, aunque la ilegalización no implicó la pérdida de sus escaños en el Parlamento Vasco, sí supuso que Batasuna, al ser ordenada la disolución de su grupo parlamentario, dejara de percibir las ayudas correspondientes.