Mañana se debate en el pleno del Congreso de los Diputados el proyecto de modificación de la Ley Generl Penitenciaria y la Ley de Demarcación y Planta Judicial, contra la que se han presentado cinco enmiendas a la totalidad.

El PNV argumenta que la creación de un juzgado de vigilancia penitenciaria central no contempla la "salvaguarda de los derechos del preso", uno de los ejes de la legislación penitenciaria, por lo que "dificulta, por no decir hace imposible, finalidades del cumplimiento de las penas perseguidas por el legislador".

Añade que la lejanía del centro en el que se cumple condena "imide la protección judicial con la inmediatez física y temporal que el derecho a la tutela efectiva de quien está privado de libertad requiere", por lo que subraya que el objetivo de conseguir criterios de unidad y coordinación en todo el territorio nacional "no tiene peso bastante para sacrificar los derechos citados".

Izquierda Unida advierte en su texto de que la amenaza terrorista provoca en ocasiones "no sólo relajaciones en la defensa del Estado de derecho, sino que también se nublan determinadosjuicios y se cree que la lucha contra el terrorismo lo justifica todo, o que saltándose los principios y garantías del Estado de derecho se puede alcanzar antes el logro de la erradicación del cáncer terrorista".

No obstante, subraya, IU no comparte la búsqueda de "atajos antijurídicos" contra ETA, pues "no podemos permitir que aquéllo que quieren los terroristas, acabar con nuestro Estado social y democrático de derecho, lo empecemos a hacer nosotros mismos con este tipo de medidas excepcionales, injstificables y contrarias (al principio de) igualdad jurídica radical y garantismo a ultranza".

Por su parte, la enmienda a la totalidad presentada por Eusko Alkartasuna resalta que con esta reforma, "nuevamente se modifica interesadamente la legislación ordinaria con la introducción subrepticia de preceptos que materialmente pueden ser calificados como una legislación antiterrorista excepcional".

A su juicio, supone la creación de un órgano de excepción, a través del cual se pretenden controlar l clasificación y posible excarcelación de los presos, "como mecanismo para someter a todas las personas presas de un colectivo a un régimen único y homogéneo, algo totalmente contrario al principio de individualización del tratamiento".

Finalmente, el BNG resalta que esta reforma compromete seriamente "la inmediación entre penado y defensor, así como la más elemental comunicación entre ellos". Por su parte, Iniciativa per Catalunya-Verds subraya que la reforma "no parece lógica y acorde con las garantas judiciales".