El departamento de Fungairiño, a instancias del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, abrió ayer diligencias informativas para averiguar si la emisión en la televisión pública vasca, el pasado 15 de mayo, de unas imágenes que mostraban a tres miembros de ETA leyendo un comunicado podía ser constitutiva de delito.

Sin embargo, el pasado fin de semana un particular, cuya identidad no ha trascendido, interpuso una denuncia sobre la mencionada emisión, adelantándose a la Fisalía. La denuncia ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, dirigido por Guillermo Ruiz Polanco.

Este magistrado aún no ha decidido si investigará los hechos denunciados, puesto que está a la espera de que el fiscal adscrito a su juzgado le envíe un informe al respecto.

Esta denuncia, interpuesta por un particular, ha obligado al departamento dirigido por Eduardo Fungairiño a archivar las diligencias abiertas, y, por tanto, a cancelar las citaciones previsas para mañana.

Fungairiño iba a interrogar, en calidad de "investigados" a Andoni Ortuzar, director general de EiTB; Bingen Zupiria, director de la Televisión vasca (ETB); y Julián Beloki, director de la Radio Vasca (EiTB Irratia).

Fungairiño pretendía aclarar con estas comparecencias las circunstancias en las que se produjo la lectura del comunicado de ETA emitido por la televisión vasca. En este sentido, una de las cuestiones a dilucidar era si los directivos de la EiTB cometieron un delito decolaboración con banda armada o de enaltecimiento del terrorismo al transmitir el mensaje de la banda terrorista.

En el comunicado leído por los miembros de ETA, la banda criminal señaló que no ha declarado "ningún alto el fuego táctico", al tiempo que aseguraba que el "plan Ibarretxe" no busca una solución, sino que es "excluyente, cerrado y no favorece el arreglo".

Al mismo tiempo, los etarras volvían a hacer un llamamiento a los simpatizantes de la izquierda "abertzale" para que votasen nulo e los comicios del 25 de mayo, lo que sería una respuesta a la ilegalización de Batasuna y a la anulación de las candidaturas de AuB y otras plataformas afines.