Estas iniciativas se conocieron de fuentes del Gobierno anoche, lo que ha molestado notablemente al PSOE, que no fue consultado previamente y que, previsiblemente, mostrará su irritación al Ejecutivo en la reunión formal del Pacto Antiterrorista que se celebrará mañana.

La propuesta se acabó de perfilar anoche en La Moncloa en una reunión en la que estuvieron presentes los ministros de Interior, Mariano Rajoy; Justicia, Angel Acebes, y Portavoz, PíoCabanillas; y el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos.

Lo fundamental del plan del Gobierno es la reforma de la Ley de Partidos Políticos, de manera que se convierta en exigible que los fines y actividades de las organizaciones políticas se ajusten a los principios democráticos y respeten derechos y libertades individuales.

De este modo se crearía un mecanismo de rechazo expreso del terrorismo al inscribirse, de manera que los tribunales pudieran ilegalizar a las organizacionesque no se ajustasen a estos requisitos e impidiendo también que los cambios de nombre permitieran a quienes apoyan a ETA burlar la ley.

El Gobierno contempla también la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, de manera que partidos como Batasuna no tengan acceso a la financiación pública si no rechazan expresamente la violencia.

Además, se pretende redactar una Ley Reguladora de los Equipos Conjuntos de Investigación obre terrorismo formados por personal de dos o más estados para llevar a cabo investigaciones penales que permitan la inculpación de terroristas.

La Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo pretende la congelación de fondos de personas y entidades vinculadas a las organizaciones terroristas de acuerdo con la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Igualmente, el Ejecutivo pretende reforzar los mecanismos que garanticen que los condenados por terrorismo abnen a sus víctimas las indemnizaciones fijadas por los tribunales.

La filtración de esta batería de iniciativas ha molestado notablemente al PSOE, que considera que el Gobierno ha querido apuntarseun tanto publicitando estas medidas como propias y no como producto del acuerdo en el seno del Pacto Antiterrorista.

El PSOE había propuesto asignar salarios a los concejales de los partidos no nacionalistas en el País Vasco, permitir la concurrencia a las elecciones municipales sin completar las listaso votar en los plenos sin presencia física.

A juicio del Gobierno, estas medidas plantean problemas constitucionales y de momento no se van a presentar como acuerdos entre PP y PSOE porque su adopción sería reconocer la excepcionalidad de la situación en el País Vasco.