Michavila señaló, en rueda de prensa en la sede de su Departamento, que esta ley fue aprobada "para que quien comete delitos de terrorismo cumpla las condenas".

Según el ministro, este texto legal es un "nuevo paso más" para que "desde la ley, sólo con la ley, pero con toda la ley no haya terroristas que no cumplan las condenas, que gocen de privilegios distintos a los que puede tener cualquiera otra persona condenada".

La aplicación la Ley de Cumplimiento Integro de las Penas supone que los etarras sólo podrán acceder al tercer grado después de indemnizar a sus víctimas y de que "hayan abandonado la actividad terrorista y hayan colaborado activamente con ls autoridades para la obtención de pruebas o la identificación de otros terroristas".

A este respecto, Michavila manifestó que tanto esta ley como el nuevo juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional son los "instrumentos" con los que los jueces deberán decidir sobre el tercer grado solicitado por 100 etarras.

En este sentido, el ministro concluyó que desde el Gobierno se respetarán "las resoluciones del juez de vigilancia penitenciaria, que es a quien corresponde" decidir sobre ste asunto.