Según explicó en el Congreso, el Ejecutivo tiene ya estdidas una serie de medidas que implican la reforma del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley General Penitenciaria para conseguir "los terroristas cumplan sus condenas".

El Gobierno quiere abordar el diálogo sobre estas medidas nada más comenzar el nuevo período de sesiones en el mes de febrero próximos. El objetivo, según Michavila, es "seguir fortaleciendo el Estado de derecho" y evitar que "la reinserción social" de los etarras consista en "la reincorporación de los terrorita al terrorismo".

En este sentido, el titular de Justicia no hizo mención a una posible reforma de la Constitución que consagra el derecho a la reinserción de los presos y aseguró que "de lo que se trata, es de que ese principio constitucional no sea el derecho de los terroristas a reincorporarse al terrorismo".

"La Constitución", dijo el ministro en los pasillos de la Cámara Baja, "no debe ser excusa para que los terroristas se reincorporen a la acción terrorista una vez condenados".

Em cunto a la propuesta en este sentido hecha pública por el PSOE, Michavila dijo que el contenido de esa iniciativa "ya existe en nuestro ordenamiento jurídico y supone que no puede darse la reinserción social a nadie que siga siendo terrorista".

Además, el titular de Justicia informó que hoy la Abogacía del Estado presenta las pruebas en el proceso de ilegalización de Batasuna que juzga el Tribunal Supremo.

Entre ellas citó, el caso del Ayuntamiento de Rentería, que "quería pagar con dinero público a fianza de un terrorista, así como el caso de varios ayuntamientos gobernados por Batasuna que pagan con nuestros impuestos los traslados de los familiares de los presos etarras en sus visitas a las cárceles".

Igualmente se incorpora el auto del juez Garzón en el que se imputa a 20 personas de Batasuna como responsables del entramado terrorista ETA, y el hecho de que "Josu Ternera", parlamentario de esa formación política, sea prófugo de la justicia.

Finalmente, la Abogacía del Estado ha trasladdo al Tribunal Supremo un acta de declaración hecha ante notario por todas las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo en la que "todos los que padecen la represión etarra y dicen que Batasuna es ETA y que les impide vivir con libertad en el País Vasco", lo que constituirá lista de testigos en este caso.