El PSOE, Izquierda Unida, el PNV, Coalición Canaria y el Grupo Mixto han reclamado una reunión de la Diputación Permanente para que convoque diversas comparecencias por la polémica suscitada tras los contactos mantenidos por el ex "conseller en cap" de la Generalitat con miembros de ETA.

El Grupo Socialista quiere que sea el propio presidente del Gobierno, José María Aznar, quien explique ante la Cámara Baja las características del seguimiento por parte de los servicio de inteligencia hasta llegar a obtener los datos de la reunión.

Se interesa, especialmente, por los motivos por los que "no se activaron los procedimientos establecidos para la detención de personas que se encuentran con orden de búsqueda y captura que presuntamente asistieron a esa reunión".

Izquierda Unida también ha presentado en el Registro del Congreso de los Diputados una petición de convocatoria de este órgano para que organice la comparecencia del ministro de Defensa, Federico Trillo, y l director del CNI, Jorge Dezcallar, ante la Comisión de Secretos Oficiales.

IU quiere que informen de las actuaciones de investigación y seguimiento a dirigentes políticos, y en el caso concreto de Carod-Rovira, por qué "no se produjo la detención de los miembros e ETA que acudieron a la reunión" con el líder de ERC el pasado 4 de enero.

Las mismas comparecencias ha reclamado el PNV, junto al Grupo Mixto. El portavoz peneuvista, Iñaki Anasagasti, recordaba que en la última reunión de la Comisiónde Secretos Oficiales, en la que él participó, el director del CNI aseguró que no se estaba vigilando a ningún dirigente democrático.

Estos grupos apelan al artículo 78 de la Constitución, según el cual a la Diputación Permanente le corresponde "velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas", y ejerce estas funciones mientras estén disueltas por la convocatoria de elecciones, y hasta la constitución de las nuevas Cortes.

Sin embargo, tanto el Gobierno como el PP han advertid de que esta posibilidad se reserva para casos extraordinarios como la convalidación de reales decretos o los estados de alarma, excepción y sitio.

Existe un precedente de convocatoria de la Diputación Permanente fuera de los periodos legislativos, concretamente en octubre de 1982, para que el Gobierno informara de la detención de varios jefes militares, poco antes de las elecciones.