En el escrito, difundido hoy, el magistrado explica que Segi convocó, preparó y ejecutó "jornadas de lucha", "manifestaciones" y "huelgas" de las cuales se derivan "ingentes daños a propiedades públicas y privadas".

Con motivo del fallecimiento de la militante de ETA Olaia Castresana, Segi conovocó una "jornada de lucha" que se prolongó entre los días 25 y 28 de julio de 2001 y que supuso unos daños por valr de 7.200 euros (1.200 millones de pesetas).

En estos cuatro días, se produjeron un total de 25 actos de "kale borroka", entre los que destaca el lanzamiento de varios artefactos incendiarios contra entidades bancarias, concesionarios o sedes de compañías nacionales en el País Vasco y Navarra.

Garzón también recoge las acciones violentas producidas como consecuencia de las movilizaciones de protesta que convocaron los responsables de Segi tras la actuación judicial contra los máximos responsable de Gestoras Pro Amnistía, el pasado 31 de octubre de 2001.

En otros cuatro días, entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2001, se llevaron a cabo 10 actos de "kale borroka", como cortes de tráfico con levantamiento de barricadas incendiarias y posteriores agresiones a la Policía en Pamplona, Vitoria y Rentería (Guipúzcoa).

Además, se incendiaron varios autobuses urbanos, cajeros auomáticos, concesionarios y se intentó agredir mediante un artefaxto explosivo a concejales del PP y del PSE. Por último, el magistrado recoge 15 actos violentos realizados entre el 5 y el 11 de febrero de 2002, con motivo de la llamada de Segi "a seguir luchando", tras la declaración de ilicitud de sus actividades. Todos estos actos provocaron unos daños de 2 millones de euros (unos 330 millones de pesetas).