Así consta en una nota difundida hoy desde la Audiencia Nacional y que, según fuentes jurídicas, ha sido "pactada" entre el Ministerio del Interior y el propio juzgado que dirige Juan del Olmo, una colaboración que no tiene precedentes en el periodismo jurídico que se desarrolla en la casa que preside Carlos Dívar.

Siempre según la citada nota, el magistrado cree que, "según documentación intervenida en la década de los 90, la banda terrorista ETA intervino en la creación, designación de direcivos y dinamización del diario Euskaldunon Egunkaria".

En la investigación judicial, "se pretende demostrar la intervención de ETA en la financiación del rotativo, a través de las mercantiles relacionadas, y si efectivamente siguiera siendo una de las empresas del 'proyecto Udaletxe', que desarrolló la banda terrorista previamente a la caída de su cúpula en Bidart en 1992".

El juez del Olmo ha decretado además la clausura y suspensión de activdades de Egunkaria Sortzen S.L. así como de Egunkaria .A. y sus locales y establecimientos.

La medida cautelar se ha producido en el marco de una operación llevada a cabo esta noche por la Guardia Civil en el País Vasco y en Navarra, bajo la batuta de Juan del Olmo y la supervisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

"Se trata de la culminación de investigaciones llevadas a cabo por el Servicio de Información de la Guardia Civil, referidas a la instrumentalización, por parte de la banda terrorista ETA del diario Euskaldunon Egunkaria, a través e la sociedad mercantil S.A", según el citado comunicado.

Durante la operación se ha detenido a diez personas de la directiva de Egunkaria y que pasarán a disposición judicial en los próximos días. Se trata de: Fermín Lazcano Pérez, Inmaculada Gomila Carro, Pedro Zubiria Camino, Francisco Javier Alegría Loinaz, Luis Goya Urrutia, Javier Oleaga Arrondo, José María Auzmendi Larrarte, Marcelo Otamendi Eguiguren, Muan María Torrealday Nabea e Ignacio María Uria Manterola.

Las pesquisas de la investigción están relacionadas con operaciones de carácter ecónomico, contable y financiero. Según fuentes jurídicas, las diligencias partes de un informe elaborado por la Guardia Civil en marzo de 2001.

Según dicho informe, la banda terrorista ETA se financia y oculta su dinero a través de una red de empresas editoriales con derivaciones en un paraíso fiscal del Caribe.

El informe de la Guardia Civil incluía en este entramado editorial la revista "Egunkaria". Algunas de las editoriales investigadas tieen, según el Benemérito Instituto, un mismo domicilio social, presentan anomalías en sus cuentas y ceden beneficios sin contraprestación aparente.

Además, a través de esta trama, ETA cuenta con una estructura con la que canalizar el dinero procedente de extorsiones y secuestros, así como el desviado de subvenciones del Ejecutivo vasco.