Llamazares, en rueda de prensa, señaló que "hay que tener en cuenta que los juzgados de vigilancia penitenciaria se instituyen para hacer prevalecer los derechos de los penados ante la Administración de Justicia, por lo que "resulta difícil pensar que un sólo juzgado, a nivel del Estado, va a estar cerca de las realidades concretas y personales de los penados".

En este sentido, indicó que es llamativo que el Gobierno pretenda discutir esta medida en el Consejo de Ministros, cuando "todavía no hay una valoración por parte del Consejo General del Poder Judicial", así como que la decisión del Ejecutivo prejuzga "la autonomía y la profesionalidad de los jueces".

"Esta medida no puede ser precipitada, no puee ser una medida que vaya en detrimento de los derechos del penado. Es necesario un mayor periodo de reflexión", continuó Llamazares, para quien es necesario que "el Gobierno comparta esta medida con el resto de los grupos políticos".

A su juicio "la actitud del Gobierno no es la más favorable para llegar a acuerdos" ni "para que las medidas que se tomen, sean medidas pensadas, sólidas, que realmente contribuyan, no solamente a mejorar la lucha contra el terrorismo, sino también a defender las libertaes y los derechos del ciudadano".

Por este motivo, señaló que "en determinadas materias el PSOE debería empezar a decirle al PP que no vale todo" porque "no se puede recurrir al pacto y al acuerdo cuando me interesa y saltarme el pacto y el acuerdo cuando tengo otros intereses".

Finalmente, Llamazares insinuó que con esta medida el PP "está intentando retomar de nuevo la iniciativa política" tras el "revolcón en el debate presupuestario" y subrayó que "un buen funcionamiento de la justicia signifca que la justicia penitenciaria esté al servicio de la rehabilitación y la reinserción del penado y no al servicio de la opinión, o del criterio que en cada momento tenga el Gobierno".