ETA INTENSIFICA SU CAMPAÑA DE EXTORSION A TRAVES DEL "IMPUESTO REVOLUCIONARIO" TRAS LA ILEGALIZACION DE BATASUNA

MADRID
SERVIMEDIA

La banda terrorista ETA ha aumentado de forma notable la exigencia del llamado "impuesto revolucionario" desde la ilegalización de Batasuna por el Tribunal Supremo y su salida de las diputaciones y ayuntamientos tras las elecciones celebradas el pasado 25 de mayo.

Fuentes empresariales informaron a Serimedia de que, coincidiendo con este proceso judicial y político, el intento de la banda etarra de extorsionar a empresarios de la Comunidad Vasca y de Navarra "se ha incrementado notablemente".

Las fuentes consultas indicaron que desde que el partido que lideraba Arnaldo Otegi salió de las instituciones, la presión sobre los empresarios ha aumentado de forma considerable, de manera que ahora son más los que reciben las cartas de extorsión de ETA, y los que ya sufrían estas amenazas las ven redobladas

Asimismo, el contenido de las misivas es ahora "más agresivo", de manera que a la segunda o tercera carta se advierte al destinatario de que si no paga pasará a convertirse en "objetivo prioritario" de la organización terrorista.

RECARGO E INTERESES

En cuanto a la cantidad reclamada, ésta se ha mantenido en los últimos meses, junto a la novedad introducida por ETA de que el empresario que no pague al primer intento de extorsión deberá entregar a la banda un 15 por ciento de recargo e intereses

Este incremento de la presión sobre los empresarios está coincidiendo con las dificultades cada vez mayores que atraviesa el entorno de la banda terrorista tras la ilegalización de Batasuna, que ha privado a distintos colectivos de una fuente importante de financiación.

Así, asociaciones de todo tipo, desde las de apoyo a los presos de ETA a grupos de jóvenes, están viendo suspendidas las ayudas que recibían hasta ahora de ayuntamientos en los que gobernaba Batasuna hasta las elecciones del 25 d mayo.

La formación de Arnaldo Otegi dejó de gestionar tras estos comicios 192,2 millones de euros (31.988,7 millones de pesetas) de dinero municipal tras su salida de los consistorios en mayo como consecuencia de su ilegalización por el Tribunal Supremo.

(SERVIMEDIA)
29 Sep 2003
NBC