Los hechos que han dado lugar a la sentencia se produjeron el 7 de abril de 1999, cuando Matanzas comunicó por fax a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que no podría acudir al juicio que se iba a celebrar los dos días siguientes contra dos de sus defendidos, Igor Miguel Angulo Iturrate y Pedro Zubizarreta Balboa, quienes estaban acusados de pertnencia a organización terrorista.

Una de las razones que alegaba apara no asistir al juicio era "la imposibilidad de actuar con normalidad ante quienes eran los únicos responsables de que Esteban Esteban Nieto, ingresado en prisión con cáncer terminal no hubiera sido excarcelado".

Esteban Esteban Nieto, quien se encontraba en prisión provisional desde el 16 de enero de 1998 por su presunta implicación en varios atentados, quedó en libertad ese mismo día 7.

Tras conocer la excarcelación de Eseban Esteban Nieto, el mencionado letrado envió otro fax a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que insistía que no acudiría al juicio, como así ocurrió, por lo que la vista tuvo que ser aplazada.

Para el Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid, estos hechos constituyen un delito de obstrucción a la justicia, por lo que condena a Matanzas a dos años y medio de inhabilitación especial, así como a 16 fines de semana de arresto y a una multa de 244.000 pesetas, a razón de 1000 pesetas diaria durante ocho meses.

Según la sentencia, "son hechos incontrovertidos y no sometidos a discusión que el acusado, teniendo conocimiento de su obligación, no compareció al acto de juicio, que su inasistencia fue voluntaria, que sus defendidos estaban en situación de prisión provisional y que su ausencia provocó, como no podía ser de otra forma, la suspensión del juicio".

Asimismo, la resolución del Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid, contra la que cabe recurso ante la Audiencia Provincial, añad que "no hay causa objetiva que justifique la incomparecencia del acusado al acto del juicio oral".

Matanzas fue una de las 15 personas detenidas en una operación policial contra el aparato logístico de la banda terrorista ETA y que se desarrolló el pasado mes de septiembre, en colaboración con la policía francesa.

Actualmente se encuentra en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien le investiga por su presunta implicación en el "caso Ekin".

EKIN son las sigas adoptadas por el entramado orgnánico de KAS, tras la criminalización mediante auto dictado en el año 1998 por el juez Garzón. Con este auto, KAS fue declarada ilegal, demostrándose que formaba junto a ETA la misma estructura criminal, con un reparto de funciones completamentarias que posibilitaban su "estrategia político-militar".