ETA INCREMENTO SU PRESION A LOS EMPRESARIOS TRAS LA ILEGALIZACION DE BATASUNA

MADRID
SERVIMEDIA

Labanda terrorista ETA incrementó su presión sobre los empresarios mediante la exigencia del llamado "impuesto revolucionario" tras la ilegalización de Batasuna y su salida de las diputaciones y ayuntamientos tras las elecciones del pasado 25 de mayo.

Fuentes empresariales informaron a Servimedia de que, coincidiendo con el proceso judicial y la salida de la formación "abertzale" de las instituciones, el intento de la banda etarra de extorsionar a empresarios de la Comunidad Vasca y de Navarra "se ha inrementado notablemente".

Las fuentes consultas indicaron que desde que el partido que lideraba Arnaldo Otegi salió de las instituciones, la presión sobre los empresarios ha aumentado de forma considerable, de manera que ahora son más los que reciben las cartas de extorsión de ETA, y los que ya sufrían estas amenazas las ven redobladas.

Asimismo, el contenido de las misivas es ahora "más agresivo", de manera que a la segunda o tercera carta se advierte al destinatario de que si no paga pasará a covertirse en "objetivo prioritario" de la organización terrorista.

RECARGO E INTERESES

En cuanto a la cantidad reclamada, ésta se ha mantenido en los últimos meses, junto a la novedad introducida por ETA de que el empresario que no pague al primer intento de extorsión deberá entregar a la banda un 15 por ciento de recargo e intereses.

Este incremento de la presión sobre los empresarios está coincidiendo con las dificultades cada vez mayores que atraviesa el entorno de la banda terrorista tras lailegalización de Batasuna, que ha privado a distintos colectivos de una fuente importante de financiación.

Así, asociaciones de todo tipo, desde las de apoyo a los presos de ETA a grupos de jóvenes, están viendo suspendidas las ayudas que recibían hasta ahora de ayuntamientos en los que gobernaba Batasuna hasta las elecciones del 25 de mayo.

La formación de Arnaldo Otegi dejó de gestionar tras estos comicios 192,2 millones de euros (31.988,7 millones de pesetas) de dinero municipal tras su salidade los consistorios en mayo como consecuencia de su ilegalización por el Tribunal Supremo.

(SERVIMEDIA)
13 Oct 2003
NBC