Fuentes de la Fiscalía han asegurado a Servimedia ue no hay plazo de emisión del preceptivo informe, aunque admiten que se incluirá en una próxima reunión del Consejo Fiscal. La convocatoria de este órgano es potestativa del fiscal general.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, ha dejado caer el malestar del Gobierno con la puesta en libertad condicional de los etarras Félix Ramón Gil Ostoaga y José Ramón Basauri Pujana, a cargo de la juez de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso,pero lo ha desvinculado de la reforma.

"Todo esto tiene un sentido, responde a la lógica, y ello no tiene nada que ver con el juicio que a cada uno de los presentes les pueda merecer la actuación de la señora juez que, supongo, es el que el sentido común dice que le puede merecer a cualquiera", añadió Rajoy.

El Ejecutivo asegura que lo "razonable" es que, si hay un único juzgado que se encarga de instruir los sumarios de determinadas tipologías delictivas, el "control" de las penas también recaig en un juez de ese organo.

Preguntado por qué se legisla "en caliente", como han criticado IU y diversos sectores judiciales, Rajoy ha negado improvisación. Leyó el punto 9 del Pacto de reforma de la Justicia, firmado hace casi dos años, donde se anuncia la creación de ese juzgado, y recordó que Angel Acebes, siendo ministro de Justicia, en febrero de este año, adelantó al Parlamento la posible creación del mismo. Y el 12 de octubre, el actual titular de Justicia, Francisco Michavila, también habló de tema ante los medios de comunicación.

"Tampoco podríamos hacer un proyecto de ley de un día para otro", insistió. "Lo que no es normal es que una juez tenga un criterio y, a lo mejor, el de (vigilancia de la prisión de) Puerto de Santa María tenga otro criterio distinto".

NO HAY INFORMES FAVORABLES AL TERCER GRADO

El vicepresidente ha relatado la versión del Gobierno sobre la liberación del etarra Gil Ostoaga. Siempre según esa versión, el interno solicitó en abril ser clasificado en tercer grdo y la Junta de Tratamiento de la Prisión de Nanclares de Oca (Alava) se lo negó.

Tras el rechazo, Gil Ostoaga recurre a la juez Ruth Alonso y ella, "en lugar de pedir informes a la Junta de Tratamiento, que es lo que se hace, porque para eso está", matizó el vicepresidente, solicita informes por separado a cuatro funcionarios de esa prisión sobre "cuestiones puntuales y concretas".

Ninguno de ellos, prosiguió Mariano Rajoy, se mostró por escrito partidario de la concesión del tercer grado. Unosse limitan a confirmar que el proceso de reinserción es favorable por su capacitación profesional y que mantiene lazos familiares; otros le juzgan "distante" con los funcionarios, "frío, calculador, reservado", y revelan que sigue manteniendo relación con presos etarras.

Rajoy ha negado que el subdrector de Tratamiento de Nanclares, uno de los cuatro informantes, haya cambiado de opinión en dos meses. Afirma en un informe de 4 de junio que Gil Ostoaga justifica aún haber cometido seis asesinatos "por deología" y, dos meses más tarde, en otro informe fechado el 12 de agosto, añade a esa consideración la coletilla "(...) en la actualidad apuesta por el diálogo".

"En ningún caso", afirmó el portavoz, eso puede interpretarse como un informe del subdirector a favor del tercer grado. "Se le han hecho una serie de preguntas concretas y determinadas, que él ha respondido como ha estimado que debía".

A este respecto, fuentes gubernamentales han hecho hincapié en que no es lo mismo firmar un informe pesonal sobre un etarra, que emitir una opinión no escrita dentro de un dictamen colegiado de la Junta de Tratamiento de Nanclares de Oca.

"EL CGPJ TIENE QUE TOMAR DECISIONES"

Al margen de este caso, explicó el portavoz del Ejecutivo Central, no es la primera vez que la jueza de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao protagoniza excarcelaciones polémicas de etarras. El fiscal General del Estado se ha dirigido al CGPJ para que le abra expediente por dos decisiones en tal sentido. El Poder Judicial ha desetmado una de las peticiones y la otra está en trámite.

En total, Ruth Alonso ha ordenado libertad condicional para 16 etarras, todos con recurso en contra de la fiscalía ante un órgano judicial superior. A siete de ellos, encarcelados en Vizcaya, se les ha denegado finalmente la libertad. Tres casos pertenecen a etarras presos en Guipúzcoa y a uno de ellos se le denegó la libertad, explicó el portavoz.

Ante esta situación, dijo hoy Mariano Rajoy, el Pleno del CGPJ "tiene que tomar las decisiones qe estime oportunas y pertinentes" en relación al expediente incoado contra la juez Alonso, porque el Gobierno y el Ministerio Fiscal ya "han cumplido con su obligación".

El vicepresidente primero ha comentado también que la reforma del Reglamento Penitenciario con el fin de delimitar más la concesión de tercer grado "no es un tema que figure, en este momento, entre las prioridades del Gobierno pero tampoco hay que descartarlo".

Explicó que siempre tiene que haber "una cierta discreccionalidad" paa Instituciones Penitenciarias y los jueces de Vigilancia, porque, si los magistrados tienen cierto margen a la hora de sentenciar, también es razonable que exista ese mismo principio en la ejecución de penas.