Tras un primer anuncio de que el Ejecutivo pedirá a las instancias europeas que actúen contra Batasuna, la organizaión juvenil Segi y editoriales como "Gara", se está imponiendo la tesis de que es muy difícil tratar como ilegales en la UE organizaciones legales en España y que, en todo caso, requiere más estudio jurídico y de sus repercusiones políticas.

Dada la expectación creada, populares y socialistas no descartan convocar una reunión del Pacto Antiterrorista en los próximos veinte días para transmitir a la opinión pública la idea de que actúa conjuntamente ante la UE.

Tras los primeros contactos entre Alredo Pérez Rubalcaba y el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, que han continuado telefónicamente hoy mismo, ambas partes coinciden en diagnosticar la dificultad de la estrategia planeada.

La tesis del PSOE es que la UE no se avendrá a incluir en un listado de ilegales a organizaciones que en España son legales y contra las que no existen condenas judiciales por colaboración con banda armada. En privado el Ejecutivo lo admite, pero no quiere dar a entender a la opinión pública una archa atrás respecto a lo anunciado sobre sus intenciones.

Los socialistas defienden el uso de la vía policial y judicial para demostrar la conexión entre todas las organizaciones cercanas a ETA. Su eventual ilegalización vendría así dada sólo como consecuencia de sentencias condenatorias.

CAMBIO DE SIGLAS

Esa medida, prosiguen las fuentes socialistas vascas consultadas, sería un último recurso sin relevancia porque un simple cambio de siglas es suficiente para conservar la condición legal de ls satélites de ETA.

Es impensable, según las fuentes consultadas, que la Unión Europea actúe contra una organización (Batasuna) que puede recibir subvenciones públicas y consigue escaños en el Parlamento autónomo.

La única de las organizaciones situadas en el entorno de ETA susceptible de ser incluída en el listado de colaboradores de la banda armada es Haika, la organización juvenil responsable de los actos de violencia callejera, según la tesis socialista.

Además, el PSOE cree que ETA y suentorno pasan por un mal momento de popularidad y de capacidad operativa en el País Vasco que podría paliarse gracias a la publicidad que le daría al llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) una ilegalización.

En definitiva, Gobierno y PSOE creen que será muy difícil conseguir que la UE aborde una modificación de la legislación que obligue a los países miembros. Más bien al contrario, apuestan por que sean las legislaciones penales nacionales las que permitan la condena de grupos u organzaciones vinculadas al terrorismo, para que posteriormente engrosen la lista de proscritos de la UE.

Sin embargo, el camino de la ilegalización ya fue explorado por el Gobierno de Felipe González, que se topó con el muro infranqueable de que la tradición jurídica española entiende que los delitos los cometen las personas físicas y no las organizaciones.