Por ejemplo, según el Código Penal vigente (artículos 577, 266, 346 y 351) sólo es considerado violencia callejera un suceso en el que haya riesgo para la vida e integridad física de las personas, pero la quema de autobuses en Bilbao, Vitoria y San Sebastian se hace después de que los encapuchados hayan obligado a bajarse a conductor y ocupantes.

A partir de la reforma, la simple quema del vehículo será considerada un acto destinado a cusar terror y, por tanto, delito de terrorismo. Y lo que el Código Penal define como "daños", que incluye agresiones al mobiliario urbano, será a partir de ahora delito de terrorismo.

Como lo será también la tenencia, por separado, de los componentes para la fabricación de cócteles molotov u otros explosivos. En la actualidad, sólo es considerado terrorismo la tenencia del artefacto.

Si los sucesos los cometen menores, no serán juzgados por tribunales ordinarios del País Vasco sino en Madrid por l Audiencia Nacional con las debidas garantías procesales (ocultación de identidad, etcétera). Para ello se va a reformar la Ley de Responsabilidad penal del Menor, de la que también se va a anular -sólo en estos casos- la facultad del juez de aplicar esa ley, y no el Código Penal, a jóvenes entre 18 y 21 años.

Los menors que incurran en este tipo de delitos verán incrementado el tiempo de internamiento en centros especiales porque el Ejecutivo considera que la pena de uno a cinco años de internamientoen casos graves de delincuencia juvenil comun no es suficiente para luchar contra la violencia callejera.

En general, el Código Penal pasará a considerar delito de terrorismo las amenazas de palabra u obra contra los integrantes de "una población, un colectivo social, político ó profesional". En el código vigente, se define de vforma genérica el terrorismo como el intento de "subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública". De tal forma, que los atentados con cócteles molotov cotra viviendas de concejales, ertzainas o periodistas sólo pueden ser perseguidos ahora por el daño concreto.

Por otro lado, se va a crear un nuevo delito de "exaltación" y justificación del terrorismo que va más allá de la tradicional y genérica apología. Castigará el ensalzamiento "por cualquier medio de expresión pública o difusión" de los delitos terroristas y de las personas que han participado en ellos.

Ese tipo penal va a ayudar a perseguir los actos de "desprecio y humillación" a las víctias, tales como agresiones a las tumbas (pintadas, etcétera), que hoy no pueden ser consideradas delito de profanación porque no llegaron a la apertura de los nichos, así como llamadas telefónicas vejatorias a la familia del asesinado.

En cuanto a los terroristas condenados, el Gobierno quiere reformar la ley para evitar que muchos colaboradores de ETA cuando abandonan la prisión puedan a acceder a un cargo público en Euskal Herritarrok. En cualquier condena por terrorismo será obligatoria la inhabilitción (en las de menos de diez años ahora no lo es) y en las de más de diez años de cárcel podrá haber inhabilitación hasta de 20 años.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Angel Acebes, encargado de presentar las reformas junto con el vicepresidente primero, mariano rajoy, ha dicho que un terrorista que salga de la cárcel no puede ir luego al Parlamento a "seguir atentando" contra la democracia.

Por último, el paquete de medidas incluye una reforma del rtículo 551 del Código Penal para considerar atentado contra la autoridad el cometido contra un concejal. Además, los plenos de las corporaciones locales tendrá las mismas garantías y protección policial que las que gozan los parlamentos, los gobierno autonómicos ó el Consejo de Ministros.

Rajoy ha asegurado que este paquete de medidas no tienen nada que ver con una supuesta intención del Gobierno de salir al paso de las críticas que está recibiendo por a falta de resultados en la lucha contra ETA.

Ademas, tanto Rajoy como Acebes se han mostrado convencidos de que el principal partido de la oposición, el PSOE apoyará estas medidas que ahora van a ser sometidas al refrendo del Consejo General del Poder Judicial.

Acebes ha hablado de que es necesario el "maxímo consenso" parlamentario para sacar adelante estas reformas del Código penal y de la Ley de Responsabilidad penal del Menor y ha aclarado que los nuevos conceptos de terrorismo no serán aplicables a otro tipo de violencias como la racistala de los cabezas rapadas.