En un auto en el que envía a prisión a once miembros de Segi, Garzón afirma que, de las investigaciones practicadas, se deduce que Batasuna ha prestado "sus sedes y otros medios a los responsables de Segi", algo sobre lo que debe profundizarse.

Por esta razón, el juez pide a la UCI (Unidad Central de Información de la Policía) que redacte un informe "sobre la eventual responsabilidad civil subsidaria de Batasuna" en los daños causados por acciones de miembros de Segi, dada la "labor de apoyo y cobertura" que la formación "abertzale" ha prestado a este grupo juvenil.

En concreto, Garzón cifra en 18.227.636,70 euros (más de 3.000 millones de pesetas) los daños provocados por las acciones de "kale borroka" promovidos por la organización SEGI.

En el mismo auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Sala de lo Penal decreta prisión para 11 miembros de SEGI y solicita la extradiión para otros nueve. Garzón explica que esta organización desarrolla "jornadas de lucha", "manifestaciones", "huelgas", etc, de las que se derivan "ingentes daños de la propiedad pública y privada".

En el escrito, Garzón afirma que SEGI es un reconstrucción de la organización JARRAI-HAIKA, y mantiene idéntica estructura, aunque con la adopción de más grandes medidas de seguridad, tanto en comparecencias públicas como en las comunicaciones y movimientos de sus responsables.

"Así", continúa Garzón "apenas se utilizan los teléfonos fijos en beneficio de las cabinas públicas, se cambian las tarjetas de los móviles, se limitan los mensajes de la militancia y a la sociedad, se otorga la representación de la organización a una persona aforada (por ser parlamentaria) o a los responsables de nacionalidad francesa".

El magistrado decretó prisión provisional, incondicional y comunicada para 20 miembros de la organización SEGI, de los que nueve se encuentran fuera de España, por lo que solicitó su extraición.

Los miembros de SEGI que ingresaron en la cárcel son David Lizarralde Palacios, Aiboa Casares Echebarría, Iker Frade Bilbao, Ainara Frade Bilbao, Aitziber Pérez Blanco, Xabier Abasolo Osinaga, Unai González Azúa, Gorka Betolaza Villagrasa, Asier Ochoa de Retana Simón, Arkaitz Martínez de Albéniz López de Subijana y Asier Iñigo Eguizurain.

Los nueve individuos sobre los que existe una petición de extradición son Xabier Gogenola Goitia, Garikoitz Múgica Zubiarráin, Aitor Elizaran Aguilar, Enko Aizpuru Giraldo, Jon Markel Ormazábal Gaztañaga, Zigor Ruiz Jaso, Haritza Galarraga, Amaia Rekarte e Ives Machicote.

Por último, el magistrado de la Audiencia Nacional decretó la libertad provisional bajo fianza de 20.000 euros para Oier Oa Pujol.