Según informaron hoy fuentes judiciales, la denuncia había sido presentada ante el juez que está de guardia esta semana, pero como los hechos denunciados se produjeron el pasado viernes, el escrito fue remitido al turno de reparto, recayendo finalmente en el juez García Castellón.

En concreto, la Fiscalía denunció a Gorostiza por haber dicho al juez Ismael Moreno que "después de la privación del derecho a la libertad está la privación del derecho a la vid", tras conocer que el magistrado había acordado, a petición de la fiscal María Dolores Márquez, el ingreso en prisión de dos jóvenes acusados de pertenecer a los 'grupos Y' de Navarra, a los que el letrado defiende.

Posteriormente, y en referencia a la fiscal Márquez, Gorostiza aseguró en la secretaría del juzgado de Ismael Moreno que aquélla actúa movida "por venganza personal" y que "si quiere guerra, la va a tener".

Tanto el juez Moreno como María Dolores Márquez pusieron los hechos en conociiento del fiscal jefe en funciones de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, quien ayer mismo presentó la correspondiente denuncia.

En ella, Fungairiño considera que Gorostiza pudo incurrir en un delito de amenazas del artículo 169 del Código Penal en relación con el artículo 571, que es el que se refiere a los que pertenecen o actúan al servicio o en colaboración con bandas armadas.

En su denuncia, la Fiscalía pide al juez García Castellón que tome declaración a Gorostiza como denunciado y tnto al juez Moreno como a los funcionarios que presenciaron el incidente como testigo, pero no a la fiscal Márquez, dado que no estaba presente cuando ocurrieron los hechos.

María Dolores Márquez fue la encargada de dirigir la acusación contra Gorostiza en la causa seguida contra éste por un presunto delito de colaboración con banda armada, ya que fue acusado de ordenar a ETA que atentase contra funcionarios de prisiones.

Este sumario fue instruido por el juez Moreno, quien encarceló a Gorostiza or estos hechos. Sin embargo, el abogado de HB fue absuelto en dos ocasiones de ese delito por la Audiencia Nacional, tras dictaminar el tribunal que la grabación de las conversaciones con Gorostiza, en las que éste alentaba a atentar contra funcionarios de prisiones eran ilegales, sentencia que ha sido recurrida por la Fiscalía del Tribunal Supremo y que está pendiente de resolución.