Según el escrito de conclusiones provisionles, el fiscal considera probado que Aldasoro, miembro del "comando Araba", se puso de acuerdo con otros tres etarras más, acordó dar muerte a un general del Ejército del Aire.

Así, tras apoderarse de un autómovil, a cuyo propietario encierraron en el maletero del coche, se dirigieron a Salvatierra (Alava). Una vez allí, Aldasoro se quedó al volente del vehículo, otro vigiló el escenario de los hechos y un tercero perpetró el asesinato del general del Ejército del Aire Luis Azcárraga Pérez-Caballero, uando salía con su mujer de la misa de la Parroquia de Santa María.

Tras los hechos, los terroristas huyeron en el vehículo robado hasta la localidad de Barría (Alava), donde abandonaron el coche con su propietario en el maletero.

El fiscal encargado del caso, Eduardo Fungairiño, considera que los hechos descritos son constitutivos de un delito de asesinato y otro de utilización ilegítima de vehículo de motor ajeno con toma de rehenes, por lo que solicita que Aldasoro sea castigado a un total de 9 años de prisión.

Además, solicita que Aldasoro indemnice con 40 millones de pesetas a la viuda del general asesinado, cantidad que deberá abonar de manera solidaria junto con los otros terroristas ya condenados por estos hechos.

Aldasoro fue extraditado a España por Estados Unidos el 18 de diciembre del año pasado, tras ser detenido en Miami por el FBI, en una operación coordinada con la Policía española. En el momento de su arresto, llevaba unos tres meses viviendo en EEUU, a donde había llegao procedente de México.

A Aldasoro, que supuestamente también formó parte del "comando Tontorramendi", se le atribuyen, además del crimen descrito, el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Durango (31-03-84) y el asesinato del miembro de la Benemérita Pedro Ballesteros Rodríguez, en esa misma localidad.