Los hechos que han dado lugar a la querella se produjeron el pasado 12 de abril, cuando, durante su intervención parlamentaria, Salaberría dijo que "la lucha armada de ETA no responde a la voluntad de imponer ideas, sino a la defensa de derechos legítimos que tiene el pueblo vasco".

Para la Fiscalía del TSJ del País Vasco, estas manifestaciones son constitutivas un delito de enaltecimiento o justificación de delitos de terrorismo y sus partíipes, previsto en el artículo 578 del Código Penal.

A juicio del Ministerio Público, no cabe hablar de inviolabilidad parlamentaria, puesto que ésta afecta "exclusivamente" a las declaraciones de juicio o voluntad que haga el parlamentario en el ejercicio de su actividad.

"En el caso presente, ni el sentido literal de la palabras empleadas ni el contexto en que lo fueron permiten inferir con seguridad que el querellante emitiera una mera opinión propia", dice el fiscal. "La expresión, realmente, xcede en mucho de una mera opinión, entraña una valoración positiva de las acciones de la banda terrorista e implica una identificación con sus fines y con sus actos, lo que sitúa al querellado fuera del ámbito de la inviolabilidad parlamentaria".

Además, para la Fiscalía del TSJ del País Vasco, "está fuera de toda duda razonable que los métodos de la banda terrorista seran instrínsecamente antijurídicos y, en consecuencia, no opinables".

La querella debe ser estudiada por el TSJ del País Vasco, tendiendo a lo establecido en el artículo 26.6 del Estatuto de Autonomía de Euskadi.

Dicha normativa establece que es el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el que decide sobre la "inculpación, prisión, procesamiento y juicio" de los miembros del Parlamento de Euskadi, cuando se trata de delitos presuntamente cometidos dentro de dicha comunidad autónoma.