Entre las 33 personas que según Molina deben ser procesadas en el "caso Ekin" se encuentran las siete personas a las que la Sección Cuarta de la Sala de o Penal de la Audiencia Nacional dejó en libertad bajo fianza de un millón de pesetas por su presunta pertenencia al "aparato político" de ETA, el pasado 4 de abril.

Se trata del abogado de Gestoras Pro Amnistía Txema Matanzas, Ruben Nieto, Antón Olloquiegi, Unai Hernández, Francisco Gudín, Francisco Javier Balanzategi y David Soto. Los magistrados argumentaron que entonces que "no existe documento atribuido a Ekin que permita establecer de forma directa la existencia de tal vinculación entre ambas oranizaciones", es decir, entre Ekin y ETA.

Para Molina, EKIN tiene la misma estructura, financiación y finalidad que la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) y que ésta se convirtió en aquella tras se declarada ilegal por Garzón en 1998.

"ETA-EKIN, igual que hasta 1998 ETA-KAS, constituye una sola estructura delictiva compleja, en la que existe un reparto de funciones complementarias para el desarrollo de lo que denominan estrategia político-militar", dice Molina.

Molina añade que EKIN, decarada ilegal por Garzón el pasado mes de abril, "presenta características de opacidad y clandestinidad, tanto en sus estructuras, como en la pertenencia de sus miembros y sus actividades", igual que KAS.

Asimismo, considera que Ekin es la responsable de impulsar la denominada "Alternativa Democrática" de ETA, además de fijar los objetivos criminales de la banda terrorista y de controlar la violencia callejera, para la que utiliza a Haika, también declarada ilegal por Garzón.

Según Molina, Ekin cotrola entre otros aspectos, las relaciones exteriores de ETA, a través de Xaki; y al colectivo de presos de la banda terrorista, a través de Gestoras Pro Amnistía.

"En el binomio ETA-EKIN, sustitutivo del antiguo ETA-KAS, y por utilizar su propia terminología, ETA constituye la dirección y EKIN el motor del proyecto terrorista común", asegura el fiscal.

DILIGENCIAS

En su escrito, de 216 folios, Molina solicita, entre otras cosas, que se remita al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la arte del caso relativa a los parlamentarios de Euskal Herritarrok (EH) José Antonio Urruticoechea Bengoechea, "Josu Ternera", y Jon Salaberría, "para la depuración de las responsabilidades penales".

El fiscal considera que Ternera y Salaberría participaron, el 15 de julio del año pasado, en la reunión orgánica general de los responsables de Ekin en las instalaciones del Ayuntamiento de la localidad de Villabona (Guipúzcoa),

Además, solicita la declaración como imputados de 9 personas, tres de lascuales (Julen Celarain Errazti, Antonio Agustín Figal Arranz y David Celaya-Zugadi Hernández) participaron en la reunión en el Ayuntamiento de Villabona.

Molina quiere también que se identifique y detenga a Aitor Zabarte, Pedro Zumelaga, Aitor Aranzábal y Mikel Garaiondo, a quienes Xabier Arregi, imputado en la causa, vinculó con la trama Ekin.