Sin embargo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional no tomará una decisión hasta dentro de unos días, según las mismas fuentes, cuando haya terminado de sopesar los pros y los contras de la Administración Judicial solicitada por el fiscal y rechazada por las defensas.

Garzón había citado a los representantes de las herriko taberns y de las asociaciones culturales con el fin de comunicarles la eventual constitución de la administración judicial de dichas entidades y darles la oportunidad de alegar lo que consideraran oportuno.

La administración judicial de las herriko tabernas y las asociaciones culturales relacioandas con Batasuna fue prevista en el auto por el que se confirmó el embargo de más de 100 cuentas bancarias de Batasuna, así como de 75 herriko tabernas.

Fue el pasado 11 de julio cuando Garzón decretó el embarg provisional a Batasuna como responsable civil solidaria de los daños causados por las acciones de violencia callejera de la organización juvenil Segi y valorados en 24 millones de euros.

Para Garzón, "los actos de violencia callejera que se investigan y de los cuales puede derivar la responsabilidad civil investigada, fueron diseñados, convocados y ejecutados respectivamente por ETA-EKIN y, SEGI, organización juvenil heredera o sucedáneo de Jarrai-Haika".

El bloqueo y embargo preventivo de las centas de Batasuna tiene el objeto de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización o transacción de capitales que diera lugar a un cambio de volumen, importe, localización, propiedad, posesión, naturaleza o cambio de destino de esos capitales.

En cuanto a las herriko tabernas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional considera que son sociedades creadas por el entramado jurídico político de ETA para ocultar el verdadero titular de los biene.