Según el escrito de conclusiones provisionales, el fiscal encargado del caso, Pedro Rubira, considera probado que Aguirre Lete integraba el "comando Madrid", junto con Mikel Azurmendi Peñagaricano, alias "Ankas", y que ambos se pusieron de acuerdo para acabar con la vida de Hernández ovira.

Así, tras comprobar los datos que les había remitido la dirección de ETA desde Francia y preparar un coche robado para el atentado, Aguirre Lete, en compañía de los otros miembros del "comando Madrid", acudió en el vehículo sustraído a la madrileña calle Ibiza.

Allí aparcaron en doble fila, se dirigieron hacia el general y lo mataron a balazos. Los terroristas también dispararon contra el conductor del coche oficial, pero no le alcanzaron.

Después regresaron al vehículo robado para hur, y lo dejaron abandonado en la calle Walia, en la que hay varias guarderías, con una carga de explosivo "amonal" suficiente para provocar la muerte a una persona.

EXPLOSION JUNTO A DOS GUARDERIAS

El coche hizo explosión sobre las 9,35 horas de ese mismo día, lo que provocó daños materiales a la estructura del edificio situado en el número 4 de esa calle, tres viviendas particulares y dos guarderías infantiles, que alcanzaron un valor de más de 1.700.000 pesetas. Además, resultaron afectados tres vhículos, con daños valorados en unas 350.000 pesetas.

Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, los hechos descritos son constitutivos de atentado con resultado de muerte, asesinato frustrado, robo de vehículo, falsificación de placas de matrícula, tenencia de explosivos y terrorismo.

Asimismo, considera responsable de los mismos a Aguirre Lete y pide que sea condenado a un total de 84 años de prisión y que pague una indemnización de 300.506,05 euros (50 millones de pesetas) a los herederos del eneral asesinado, y otra de 120.202,42 euros (20 millones de pesetas) al conductor del coche oficial.

Aguirre Lete, considerado ex jefe de ETA, fue entregado por las autoridades francesas por un periodo de cinco meses para que fuera juzgado por las causas que tiene pendientes con la justicia española.