La extorsión a Usabiaga fue grabda mediante una escucha practicada en el teléfono del empresario asesinado. En dicha conversación, la víctima asegura a un miembro de ETA que no puede pagarles más dinero y trata de llegar a un acuerdo con él.

"No hay trato entonces", le dice el terrorista a Usabiaga, a quien advierte de que desde ese momento se ha convertido en un "objetivo prioritario" de ETA. Pocos años después, el 26 de julio de 1996, el mencionado empresario fue asesinado a balazados en las puertas de su casa, cuando regresaba delas fiestas patronales de Santa Ana, en Ordizia (Guipúzcoa).

Tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como el abogado de la AVT consideran que "Pedrito de Andoain", como responsable de la red de cobro del denominado "impuesto revolucionario", es responsable del mencionado asesinato, dado que era él quien tenía la última palabra sobre las cantidades que debían desembolsar sus víctimas y el modo de pago.

Según las mismas fuentes, será necesario que el titular del Juzgado Central de Instrucción núero 1 de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz de Polanco, encargado de la causa contra Almorza, pida permiso a las autoridades francesas para investigarle por dicho asesinato.

Esta petición se debe a que las autoridades francesas sólo concedieron la extradición de Almorza por 7 delitos de amenazas, consistentes en la exigencia del pago del "impuesto revolucionario" a otras tantas empresas, dos de las cuales desembolsaron la cantidad exigida por la banda terrorista.

Por estas acusaciones comparecó hoy ante Ruiz Polanco, a quien manifestó que declarará cuando conozca todos los detalles de la causa que tiene abierta en la Audiencia Nacional.

"Pedrito de Andoain" fue, supuestamente, el responsable de la red de cobro del denominado "impuesto revolucionario" hasta el 6 de agosto de 1993, cuando fue detenido en París, con fotocopias de 16 informes que la empresa Incresa realizó a petición del equipo de investigación del diario "Egin" sobre la situación económica y financiera de diversas empresas. Según fuentes jurídicas, entre 1990 y 1992, ETA llevó a cabo acciones terroristas contra nueve de las entidades mencionadas en dichos escritos.

Por su presunta responsabilidad en la extorsión a 7 empresas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita que Carlos Almorza, de 41 años, sea condenado a un total de 14 años de cárcel por 7 delitos de amenazas, dos de ellos con propósito conseguido y otros cinco más sin dicho objetivo.

Según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en la época en la queAlmorza dirigió el "aparato financiero" de ETA, entre 1992 y 1993, la banda terrorista logró obtener un total de 15 millones de pesetas de 2 de los 7 empresarios a los que extorsionó y por los que se investiga a Almorza.