ETA. EL FISCAL ASEGURA QUE PIDIO HACE DOS AÑOS EL PROCESAMIENTO DE LOS TRES PRESUNTOS TERRORISTAS LIBERADOS

MADRID
SERVIMEDIA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha asegurado que el 27 de mayo de 2002 pidió al juez Guillermo Ruiz Polanco el procesamiento de los tres presuntos miembros del "comando Ekaitz" liberados recientemente "por error": Ibai Ayensa Laborda, Mikel Soto Nolasco y Arturo Fernández Garcés.

Según fuentes del departamento dirigido por Eduardo Fungairiño, la Fiscalía no ha tenido retrasos en sus actuaciones en este caso, siempre ha cumplio los plazos y recurrirá la decisión tomada por el juez Ruiz Polanco en este caso.

Eduardo Fungairiño ha remitido un escrito al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, explicándole todos y cada uno de los pasos que ha dado su departamento en este caso.

Por su parte, fuentes del juzgado que dirige Guillermo Ruiz Polanco, la puesta en libertad de Ibai Ayensa se debe a que se ha producido un "error".

En este sentido, explicaron que, en lugar de tenerse en cuenta la fecha de la detención parael vencimiento de la prisión provisional, en el expediente se consignó el día que ingresaron en la cárcel por orden del juez.

Al celebrarse la vista, la defensa hizo notar que ya habían transcurrido dos años desde que Ibai Allensa se encontraba en prisión provisional sin que nadie hubiera solicitado su prórroga, por lo que debía ser puesto en libertad.

En cuanto a Arturo Fernández Garcés, fuentes del juzgado explicaron que fue puesto en libertad bajo fianza de 6000 euros y que tiene de plazo hast el viernes para depositarlo. Ese mismo día, Mikel Soto también deberá pagar 12.000 euros si quieres salir de la cárcel.

INVESTIGACION EN EL CGPJ

Por su parte, el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido abrir una información previa con el fin de esclarecer la actuación del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional en este caso.

Una vez concluida esta investigación preliminar, el Servicio de Inspección lo remitirá a la Comisión Discplinaria, que deberá decidir si abre un expediente a Ruiz Polanco o archiva el caso.

No es la primera vez que la actuación del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional tiene que ser examinada por la Audiencia Nacional.

La primera vez se produjo por su actuación en un caso de tráfico de estupefacientes, concretamente, por haber dejado en libertad bajo fianza de 25 millones de pesetas al presunto narcotraficante Alfredo Cordero, después de que éste cambiese a su abogado de sempre por otro de Pamplona a quien, supuestamente, conocía el juez.

Las diligencias informativas dieron lugar a la apertura, en diciembre del año 2000, de un expediente disciplinario por una falta muy grave. Finalmente, tras una investigación que duró varios meses, el CGPJ decidió archivar el caso el 29 de marzo de 2001.

Unos días antes, el 8 de marzo de 2001, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional acordó sancionar con una advertencia al magistrado por una falta leve consistente en haber diho al presunto miembro del "comando Andalucía" de ETA Harriet Iragi que, si no fuera por respeto a su toga, le daría "dos hostias"

Posteriormente, el 29 de mayo de 2001, la Comisión Disciplinaria del CGPJ volvió a abrirle otro expediente disciplinario a Ruiz Polanco por una falta grave o muy grave presuntamente cometida al explicar en diversos medios de comunicación por qué había dejado en libertad al presunto narcotraficante y abogado Pablo Vioque.

Ruiz Polanco realizó declaraciones en diversos edios de comunicación tras conocer que Carlos Dívar, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, había revocado su decisión y reencarcelado a Vioque.

Sin embargo, la Comisión Disciplinaria decidió finalmente no sancionar a Ruiz Polanco por sus declaraciones en diversos medios de comunicación y archivar el caso.

Por último, el pasado 24 de octubre, la Comisión Disciplinaria del CGPJ abrió expediente disciplinario a Ruiz Polanco por una posible falta gravede retraso injustificado en una investigación sobre un supuesto delito fiscal relativo a unas facturas falsas del IVA por valor de nueve millones de euros.

La denuncia fue presentada ante la Comisión Disciplinaria por la Fiscalía Anticorrupción, que destacó al CGPJ que Ruiz Polanco abrió diligencias previas de investigación en el año 2001 sobre este presunto fraude, sin que hubiera decidido, dos años después, si la denuncia debía archivarse o instruirse.

(SERVIMEDIA)
24 Feb 2004
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